La Fundación ViDa calificó de ilegal la medida que anunció el municipio de San Nicolás de multar a los automovilistas que no usen cubrebocas.
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Víctor David Guerrero Reséndiz, activista y fundador de la asociación civil, señaló que este anuncio del alcalde Zeferino Salgado podría desatar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Dijo que la medida carece de sustento jurídico, ya que no existe ningún artículo que los avale como tal y caería en ilegalidad.
En días pasados, la Secretaría de Movilidad municipal, encabezada por Jesús Marcos García, instaló retenes en seis de las principales avenidas del municipio para empezar con esta medida.
El activista criticó el anuncio que realizaron de multar con trabajo comunitario a quien no use cubrebocas y que transiten por el municipio, lo que para los ciudadanos y el activista no es reglamentario.
“De entrada la primera medida que anunciaron carece de fundamentos y en el reglamento de tránsito no existe ningún artículo que avale multar a los ciudadanos por no usar cubrebocas, sobre todos por los ciudadanos que circulan por el municipio y no son precisamente de ahí de San Nicolás.
“Creo que esta medida es muy autoritaria y recaudatoria de parte de la administración y además es muy opresora hacia los ciudadanos”, señaló Guerrero.
Otra falta que el activista de la Fundación ViDa señaló es que al cambiar la multa o sanción hacia los ciudadanos por no usar el cubrebocas, es obligarlos a realizar un trabajo comunitario en el municipio como pago a la sanción.
“El gobierno reviró solo al anunciar la medida como multa, para luego remplazarla a la del trabajo comunitario, sabemos que, aunque esta medida la utilizan para las antialcohólicas aun es más grave.
“Al obligar a los ciudadanos a realizar un trabajo comunitario por no usar cubrebocas se estarían violando los derechos humanos y garantías individuales de la gente y el municipio podría ser demandado por los afectados”, indicó.
Mencionó muchos ciudadanos han expresado su malestar en las redes sociales por estas medidas que el gobierno nicolaíta ha venido realizando.
Ante esto dentro de su ONG desde la gestoría jurídica, empezarán a contactar a quienes el municipio les afecte para ayudarlos a realizar denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León para frenar estos abusos municipales.