El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que aún es tiempo de prevenir que la contingencia sanitaria se convierta en una crisis de derechos humanos para la niñez y adolescencia, ya que además de la salud, este sector enfrenta riesgos sociales.
Durante la videoconferencia de la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el funcionario federal urgió tomar decisiones para proteger a los menores.
Esta tarde la Segob suscribió el acuerdo “Acciones Indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2”, en donde el gobierno mexicano asume la protección de 40 millones de menores como una prioridad de Estado; también se buscará protegerlos ante un posible incremento en las condiciones de pobreza, exclusión, desigualdad y violencia.
Encinas subrayó que el acuerdo es una oportunidad de reafirmar el compromiso político, moral y personal para mirar a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos.
“No se trata de un informe de gobierno se trata de un diálogo urgente para evitar los riesgos que esta pandemia puede provocar en la niñez y la adolescencia”, indicó.
Las acciones previstas como indispensables para niños y adolescentes en esta coyuntura, están agrupadas en servicios de salud mediante el máximo esfuerzo para ofrecérselos, entre los que destacan la atención a recién nacidos y fomento a la lactancia, vacunación y prevención del embarazo, atención a la salud mental y psicoemocional, así como prevención de accidentes.
En materia de alimentación y actividad física, el acuerdo indica la importancia de intensificar programas y servicios de alimentación en los hogares más pobres y en las zonas más afectadas, como son los desayunos escolares y los servicios de alimentos de escuelas de tiempo completo.
Incluye un rubro sobre el Registro Civil, que advierte sobre la necesidad de asegurar su operación para el registro de nacimientos y defunciones a la brevedad y sin rezagos; así como acciones para la prevención y atención de violencias en los hogares que afecten directa o indirectamente a los niños, en el que se prevé el fortalecimiento para la crianza positiva, la optimización de líneas telefónicas de emergencia coordinadas con el 911 y el apoyo a las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Refugios para mujeres y sus hijas e hijos.
Además, busca ampliar el acceso a herramientas y contenidos educativos mediante los medios electrónicos y digitales públicos en apoyo tanto al alumnado, como a las madres y padres para orientar el aprendizaje de sus hijas e hijos, y prever la deserción y abandono escolar.
En la sesión que se realizó el 30 de abril a convocatoria de la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como legisladores, gobernadores, alcaldes y organismos de la sociedad civil y autónomos.
AE