Corte: Corral debe entregar a tres priistas a justicia federal

La Primera Sala desechó el recurso de reclamación del gobernador de Chihuahua.

Corral ha declarado insistentemente que se busca “cubrir con el manto de la impunidad”.
Rubén Mosso
Ciudad de México /

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, deberá entregar a la justicia federal a tres priistas que permanecen detenidos en su entidad y que fueron colaboradores en la gestión de César Duarte, como lo ha venido demandado un juez de control de la Ciudad de México.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso punto final al pleito que entabló el mandatario estatal contra la resolución de un Tribunal Colegiado que determinó que el caso debe estar en manos del juez federal.

Por unanimidad, los ministros de la Corte declararon notoriamente improcedente el recurso de reclamación que presentó el gobierno de Corral contra la decisión que emitió en mayo del presente año Luis María Aguilar Morales, presidente de la Corte, quien desechó la petición del gobernador.

Por su parte, el gobierno de Chihuahua rechazó que se tenga que entregar a los acusados, porque señaló que la Primera Sala solo desechó el recurso de reclamación, “lo que únicamente implica que seguirá siendo un juez federal quien lleve el proceso penal de Alejandro Gutiérrez.

​"Se planteará un nuevo conflicto competencial en base a nuevas pruebas que demuestran que el recurso desviado es estatal, tal como lo señalaron tanto la Secretaría de Hacienda Federal como la Auditoría Superior de la Federación”, señaló el gobierno local a través de un comunicado.

Desde hace meses, un juez federal del Reclusorio Preventivo Norte, en la Ciudad de México, ha ordenado en diversas ocasiones a las autoridades chihuahuenses que entreguen a los detenidos: incluso ha ordenado su traslado a la capital del país, porque el delito de peculado por 250 millones de pesos que supuestamente cometieron, eran recursos del orden federal.

Corral trataba de dejar sin efecto el fallo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que en abril pasado le ordenó poner a disposición del juez federal de la Ciudad de México a los priistas Antonio Enrique Tarín García, Gerardo Villegas Madriles y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI, quienes actualmente están en prisión enfrentando procesos penales del fuero común.

El presidente de la Corte dejó claro en mayo de este año que el recurso que promovió el gobierno de Chihuahua es notoriamente improcedente porque “las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de la competencia delegada por este Alto Tribunal no admiten recurso alguno y deben ejecutarse a la brevedad, tomando en cuenta de que se trata de determinaciones que constitucionalmente son definitivas e inatacables”.

Sin embargo, el gobierno estatal impugnó el acuerdo del ministro presidente; ahora, la Primera Sala desechó el recurso por “notoriamente improcedente”.

Antecedentes

El caso ha enfrentado a la administración de Chihuahua con el gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación.

Corral ha declarado insistentemente que se busca “cubrir con el manto de la impunidad” los delitos cometidos por Gutiérrez y por los demás priistas, para que solo sean juzgados por la justicia federal.

“Es sintomático que Gerardo Moreno García (quien ahora fue comisionado a Tabasco), juez defensor del ex gobernador Javier Duarte de Veracruz, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, atraiga también el caso de Alejandro Gutiérrez, (Antonio) Tarín y (Gerardo) Villegas (Madriles), cómplices de César Duarte. La trama alcanza al propio @EPN” (sic), manifestó corral a través de un video y de mensajes en Twitter en abril de este año.

Los comentarios provocaron que el Consejo de la Judicatura Federal respondiera y rechazara las acusaciones realizadas por el mandatario estatal en contra de los magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado, quienes determinaron que el caso del priista Alejandro Gutiérrez y coacusados debe ser revisado por la justicia federal.

En el primer acuerdo desechado por la Corte se menciona que, “ante la notoria improcedencia del presente recurso, no ha lugar a pronunciarse sobre lo pedido en cuanto a reconocer al gobierno del estado de Chihuahua la calidad de víctima”.


jbh

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