La sentencia de 38 años de prisión que un juez federal de Nueva York le impuso ayer a Genaro García Luna por haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa es la punta del iceberg de una serie de acusaciones y procesos penales pendientes no solo en contra del ex funcionario sino de familiares, ex colaboradores y socios cercanos.
De acuerdo con las investigaciones iniciadas en Estados Unidos y en México, desde 2001 García Luna y los suyos se coludieron para cometer múltiples actos delictivos que van desde la presunta protección a grupos del narcotráfico, hasta hechos de corrupción y tráfico de armas.
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En todos los casos hay acusaciones presentadas ante tribunales y existen órdenes de aprehensión giradas, así como trámites de extradición en curso.
Aunque el lapso de los delitos que se imputan abarca tres sexenios, el grueso de las acusaciones en contra del ex funcionario y sus cercanos corresponden a acciones cometidas en el periodo de gobierno del presidente Felipe Calderón, quien otorgó a García Luna las posiciones de mayor poder.
En 2023, el ex presidente panista declaró que “tenía muchas dudas” del veredicto de culpabilidad dictado en contra de su ex secretario.
Ayer, después de conocerse la sentencia, Calderón insistió en que “nunca tuvo evidencia verificable” de que su hombre de confianza estuviera involucrado con actividades ilícitas.
Los casos vs García Luna
El ex funcionario ahora sentenciado tiene tres procesos penales abiertos en México pendientes de resolverse, y en donde jueces federales giraron las órdenes de aprehensión correspondientes. Por dos de ellos la FGR ya solicitó a Estados Unidos través de la Cancillería la extradición fórmula del ex funcionario.
Uno de esos casos es por el delito de violaciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos. La fiscalía responsabiliza a García Luna de haber dado su aval y tolerancia para que miles de armas de fuego entrarán ilegalmente a nuestro país en el marco del fallido operativo conocido como 'Rápido y Furioso' implementado en 2009 durante el sexenio 'Calderonista'.
La falta de control y de supervisión del referido armamento permitió que este terminara en manos del crimen organizado y primordialmente del Cártel de Sinaloa, grupo criminal al que García Luna y su grupo le daba protección según las acusaciones en Estados Unidos.
El otro caso por el cual la FGR ya solicitó la extradición del exfuncionario también ocurrió en el periodo de Calderón y está vinculado con el presunto sobreprecio con el que se asignaron contratos para la construcción de ocho penales federales de alta seguridad en 2010 y 2011.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía dichas adjudicaciones se hicieron a precios inflados y con cláusulas desventajosas para el Estado ya que, incluso, a la postre dichas cárceles terminaron subocupadas. Se estima que el daño generado por este caso para el erario superó los 62 mil millones de pesos.
Además, la FGR tiene una tercera orden de aprehensión vigente en contra de García Luna y de 60 personas más ligadas a él por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada. Por este caso los ficales aun preparan el expediente para solicitar la extradición del exfuncionario.
La carpeta de investigación que dio pie a esta acusación se inició en diciembre de 2019 a partir de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En dicha denuncia se estableció que García Luna y sus socios, Samuel y Alexis Weinberg, habían amasado una fortuna de recursos públicos que luego invirtieron en propiedades y otros bienes.
El dinero provendría de 30 contratos que un conglomerado empresarial presuntamente auspiciado por García Luna recibió del gobierno de México en el periodo del 2009 al 2018, es decir, durante los gobiernos de Calderón y el ex presidente Enrique Peña Nieto. Contratos principalmente relacionados servicios de seguridad por un monto total de 745 millones 879 mil dólares.
El dinero obtenido, de acuerdo con la UIF, se habría triangulado hacia el extranjero para finalmente ser invertido en propiedades o en paraísos fiscales. Fue una operación con la finalidad de blanquear el origen público del capital e invertirlo en beneficio de la familia de García Luna y sus socios.
Por este mismo asunto la UIF inició en los Estados Unidos y concretamente en la Corte de Florida un procedimiento civil para reclamar la evolución de las propiedades que sigue en curso.
Los sobornos a Pequeño y Palomino
Dos altos ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad en el gobierno de Calderón, aliados cercanos de García Luna, también tienen acusaciones de narcotráfico en los Estados Unidos. Se trata de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional, y Ramon Pequeño García, ex jefe Antidrogas de la Policía Federal.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyó a dichos ex funcionarios en la misma acusación penal por la cual fue procesado, enjuiciado y sentenciado García Luna. Se les responsabiliza de haber sido cómplices en un esquema de sobornos a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa realizara distintos envíos de cocaína a territorio norteamericano.
Los procedimientos en contra de dichos ex mandos están radicados en la Corte del juez Brian Cogan, en Brooklyn y arrancarán una vez que el gobierno de los Estados Unidos presentó las respectivas solicitudes de extradición a México.
Cárdenas Palomino se encuentra detenido en nuestro país desde julio de 2021y preso de forma preventiva en el penal federal el Altiplano por un proceso distinto relacionado con una acusación de tortura cometido en agravio de un grupo de presuntos secuestradores conocidos como 'Los Zodiaco'.
En su momento la FGR también presentó una acusación en contra de Cárdenas por tráfico de armas relacionado con el mismo operativo 'Rápido y Furioso', pero en enero de este año un tribunal federal desestimó el procedimiento tras concluir que no había evidencia para sostenerlo.
Por su parte, Pequeño García no ha logrado ser detenido hasta la fecha, pese a que la FGR también tiene indagatorias en su contra por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las “dudas” y el deslinde de Calderón
Aunque la mayor parte de las irregularidades que se imputan a García Luna y a sus cercanos ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón, hasta la fecha este ha negado haber tenido cualquier vínculo o relación con hechos delictivos reportados.
Incluso en marzo del año pasado, luego de conocerse la resolución de culpabilidad en contra de García Luna en el juicio en Brooklyn, el ex presidente Calderón expresó en una entrevista desde Madrid que tenía dudas sobre las pruebas que dieron paso al veredicto.
“Soy un hombre de leyes y respeto las decisiones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que anunció la fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta… y la verdad nada de eso se exhibió y todo fue en base a testimonios de criminales confesos que a la mayoría de ellos nosotros los perseguimos y capturamos”, dijo en aquel momento el mandatario.
Pero ayer, tras conocerse la sentencia de 38 años impuesta a su ex secretario de Seguridad, el presidente Calderón optó por matizar a su opinión señalando que no tuvo evidencia “verificable” de las irregularidades en torno a García Luna, pero que “como hombre de leyes” respetaba la decisión del juez.
“Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos”, remató el ex presidente panista.
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