La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una consulta a trámite que impugna la reforma judicial, por lo que ésta será turnada para su estudio a otro ministro, quien determinará si el máximo tribunal tiene facultades para revisarla y frenarla con los argumentos de que viola la independencia y división de poderes.
Por distintas razones, ocho ministros aseguraron que la Corte sí tiene facultades para revisar este tipo de consultas.
No obstante, la decisión de darle entrada provocó que la ministra Lenia Batres acusara un intento de “golpe de Estado”.
“La Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder reformador que ha participado en el proceso legislativo”.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa secundó a Batres y cuestionó la decisión de la Corte.
“¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución mandando el mensaje de que puede echar abajo el dictamen?”, expresó.
Su par Juan Luis González Alcántara Carrancá se refirió de manera directa a Batres y señaló que hace 10 años cuando Ricardo Monreal, Ernestina Godoy y Adán Augusto López pidieron la intervención de la Corte para revisar una reforma constitucional nadie los acusó de “golpistas”.
“Me gustaría recordar que en el amparo indirecto 70/2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país a quienes respeto muchísimo —como Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal—, pedían revisar el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años; nadie en ese momento los acusó de golpistas”, enfatizó.
En tanto, la ministra Margarita Ríos-Farjat apuntó que, con independencia de lo que se resuelva, este momento histórico les brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con debates más amplios.
“Si antes no se habían presentado estas consultas o debates es porque no se había llevado una reforma como la del mes pasado. La teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis a favor y en nombre de pueblo”, abundó.
La ministra Loretta Ortiz, quien también se opuso a darle entrada, apuntó que la Corte no dará cauce a la petición de los juzgadores.
“Decisión es irreversible”
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cualquier recurso que se presente ante la Corte o instancias internacionales contra la reforma al Poder Judicial no tiene sustento.
En la mañanera sostuvo que dicha reforma ya está en la Constitución, por lo que jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular el primer domingo de junio del próximo año.
“Ya es parte de la Constitución (la reforma), entonces cualquier asunto que quiera definirse en la Corte o en otra instancia, incluso internacional, no tiene su sustento; el pueblo de México decidió y eso va a ocurrir”, subrayó.
Detalló que ahora el Senado emitirá una convocatoria, prevista para el próximo 15 de octubre, a fin de establecer las personas juzgadoras que participarán en este proceso electoral.
“Provocación mayúscula”
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que la Corte carece de facultades jurídicas para revisar los actos del Poder Legislativo y acusó que incurrió en una “provocación mayúscula”.
Acusó a los ocho ministros que votaron a favor de dar entrada a la consulta sobre la reforma de tomar decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas, pues, dijo, pretenden pasar por encima de los poderes Ejecutivo y Legislativo y detener un proceso electoral ya iniciado.
“La Corte está invadiendo jurisdicción y me queda claro que esto implica acciones jurídicas y políticas de quienes han dado inicio a este proceso. Están a tiempo de detener su actitud facciosa”, acusó, tras considerarlo una intentona ilegal.
Pidió a la presidenta de la Corte, Norma Piña, no dar un paso más y la responsabilizó de ser la autora intelectual de la irrupción al Senado el pasado 10 de septiembre.
“Nos quieren obligar a tomar una determinación, que estamos dispuestos a hacer, si ellos insisten en violar el marco constitucional”, advirtió, al recordar que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, planteó la posibilidad de juicio político.
Detalló que ayer intentó comunicarse con Piña, pero al no poder hablar con ella desistió de buscarla porque, consideró, ahora es la ministra quien debe dar una muestra de prudencia.
Añadió que el área jurídica del Senado analiza, a petición suya, las posibles faltas en las que están incurriendo los ministros que votaron a favor de dar entrada a dicha consulta.
Afirmó “con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no la Suprema Corte”.
Cambios en progreso
La legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial lleva un avance de 70 por ciento y estará lista en los próximos días, confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
“Ya está muy avanzada la ley secundaria y la reglamentaria (...) casi diría que estamos a 70 por ciento de la redacción de estos artículos; hoy mismo vamos avanzando y el fin de semana lo haremos aún más”, puntualizó.
Entrevistado en San Lázaro, señaló que las leyes secundarias precisarán los detalles sobre la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
Siguen paro y protestas
El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que la suspensión de labores que mantienen trabajadores y juzgadores federales seguirá hasta el próximo 11 de octubre, fecha en que se volverá analizar si ésta continúa o se levanta, en el entendido de que se seguirán atendiendo los casos urgentes.
Lo anterior se acordó por mayoría de cuatro votos de la presidenta de la Corte, Norma Piña; la consejera Lilia Mónica López Benítez y sus pares José Alfonso Montalvo Martínez y Sergio Javier Molina Martínez.
En tanto, alrededor de 150 trabajadores del Poder Judicial se manifestaron afuera de la Corte durante la sesión en la que se analizó la consulta a trámite presentada por juzgadores que buscan frenar la reforma.