Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que establece que nadie puede ganar más que el Presidente.
El estudio del tema está en manos del ministro Alberto Pérez Dayán, quien ordenó dar vista a las Cámaras de Diputados y de Senadores rindan sus informes justificados sobre el tema.
Hace unos días, un juez federal concedió una suspensión provisional a una magistrada que evita por el momento se le reduzca su salario y que sea menor al del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Se trata del caso de Sonia Rojas Castro, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, quien impugnó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos avalada por el Congreso de la Unión, misma que establece que ni un servidor público gane más que el titular del Ejecutivo Federal.
El juez Décimo de Distrito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, concedió la suspensión bajo el argumento de garantizar la independencia del Poder Judicial.
"Entonces, al ponderar la afectación que la quejosa pretende evitar (vertiente objetiva) y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor a la sociedad que con el otorgamiento de la misma.
"Lo anterior, ya que de negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra el principio de independencia del Poder Judicial, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, ello además en trasgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia", señaló.
El juez que concedió la suspensión provisional a la magistrada Sonia Rojas Castro para que no disminuya su salario y no sea menor al del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se declaró impedido para seguir conociendo el asunto, porque planteó que dichas reformas también pueden impactar en él, por lo que se generaría un conflicto de interés.
Es decir, él es potencialmente otro quejoso que puede interponer un amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ni un servidor público gane más que el titular del Ejecutivo Federal.
jbh