Luego de cinco años de espera, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestará por vez primera sobre el tema de la maternidad subrogada, mejor conocida como renta de vientres.
El máximo tribunal de justicia del país enlistó para esta semana la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, contra el Congreso Tabasco, el cual el 13 de enero de 2016, reformó su código civil para regular la gestación asistida y subrogada.
Después del recurso de la PGR, se analizará un amparo interpuesto por la empresa Fertility Center Tabasco, donde reclama que el Decreto 265 de la mencionada entidad, limita el “alquiler de vientres”.
Hasta el momento, la ministra Norma Lucía Piña Hernández no ha dado a conocer su proyecto de sentencia respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, en la que reclamó una invasión de competencias.
Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebollar hizo público su proyecto de sentencia donde propone amparar a la compañía para que los extranjeros pueden acceder a dichos procedimientos y las empresas mediar en los contratos. La norma impugnada fue emitida con el propósito de evitar la “mercantilización internacional” de recién nacidos.
Lineamientos
El artículo 380 establece que la Secretaría de Salud de Tabasco determinará el perfil clínico, psicológico y social de la “madre gestante” previamente a su contratación, para comprobar que su entorno social sea estable, libre de violencia y su condición física y psicológica sea favorable para el desarrollo de la gestación.
También menciona que ni una mujer que padezca alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía podrá ser contratada como madre gestante.
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