El destino de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994, quedó en suspenso, debido a que dos ministros se pronunciaron por revocar el amparo que le daría su libertad este año, mientras que dos más dijeron estar a favor de confirmar el fallo que le abriría la puerta de la cárcel.
Debido a que el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, está impedido para conocer el asunto, en los próximos días un ministro de la Segunda Sala de la Corte deberá emitir el voto que defina el asunto.
El caso está previsto retomarse el próximo 9 de octubre, fecha en que una ministra o ministro que estudie el asunto, decida el futuro del magnicida.
Hoy, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto donde el tema principal fue si el juez de amparo tenía la obligación de haber llamado a juicio a las víctimas u ofendidos, es decir, a los familiares del extinto candidato, en calidad de terceros interesados.
Propuso revocar el amparo otorgado a Mario Aburto y ordenar la reposición del procedimiento para que las víctimas sean escuchadas. Su propuesta fue apoyada por la ministra Loretta Ortiz Ahfl.
Sin embargo, la ministra Margarita Ríos Farjat y el presidente de la Sala en funciones, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, votaron contra la propuesta.
Ríos Farjat señaló que reponer el proceso alargará el asunto y provocará revictimización.“No comparto este proyecto que ahora ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a las víctimas del delito”, dijo.
“Hasta antes de la reforma constitucional en el año 2000, en 1994, fecha en que ocurrieron los hechos, las normas penales no establecían el reconocimiento de una calidad específica a las víctimas en los casos, pues eran representados por el Ministerio Público, por ello, en este caso no se les dio la intervención dentro de la causa penal, ni en el juicio de amparo
“Por esa razón, respetuosamente yo no puedo acompañar una propuesta que reabre un proceso donde la participación de las víctimas en la época de los años, no tenía un alcance como el que ahora se pretende, una repetición que, además, puede alargar innecesariamente su juicio, generar victimización y expectativas ilusorias a las víctimas indirectas donde el Ministerio Público ya ejerció la representación debida”, expresó la ministra.
Es de mencionar que el caso llegó a la Corte porque la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un amparo directo en revisión, la última carta que tiene contra la sentencia que amparó a Aburto.
En diciembre de 2023, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, turnó el expediente al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, pero se declaró impedido porque en 1996, como juez federal, declaró inocente a Othón Cortés, señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de ser el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio.
La FGR impugnó la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que ordena al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación del Estado de México revocar la sentencia de 45 años de cárcel y dictar una nueva tomando como base la pena que prevalecía en el Código Penal de Baja California en 1994, la cual contemplaba una condena máxima de 30 años por el delito de homicidio.
El Ministerio Público Federal argumentó que el Tribunal Colegiado omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando en estado de indefensión al Estado mismo, a sus instituciones y a las personas individuales afectadas, lo cual debe ser restituido.
Sobre este asunto, en enero de este año, el entonces alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador indultar a Mario Aburto. Aseguró que el caso ha estado “muy manoseado”, por lo cual solicitó que se le dé carpetazo al caso del asesino de su padre.
LP