El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establecen derechos en materia de agua potable para uso doméstico, educación, uso medicinal de cannabis, protección de personas migrantes y preservación de bienes declarados monumentos artísticos e históricos.
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Además, validó la figura de las controversias constitucionales de carácter local y la acción de protección efectiva de derechos.
En ese sentido, el alto tribunal estimó que era constitucional disponer que el derecho al agua es "irrenunciable" y que su gestión "será pública y sin fines de lucro", debido a que la Ciudad de México tiene competencia para regular ese líquido potable para uso personal y doméstico y la forma de cómo lo suministrará.
Al establecerse que el derecho al agua es irrenunciable, solo se está reconociendo una propiedad implícita en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El pleno además reconoció la validez tanto de la controversia constitucional como la acción de protección efectiva de derechos, previstas en la capital del país.
A juicio de la mayoría de los ministros, las constituciones locales pueden prever acciones para vigilar que éstas no sean violadas y, en el caso, esos procesos no quebrantan la competencia de la Federación, ya que solo tienen por objeto verificar que no se infrinja la Constitución capitalina y no la de la República.
En otro tema, el pleno invalidó que se estableciera que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del gobierno de la Ciudad de México, al considerar que se invadía la competencia de la federación para también intervenir en la materia de seguridad en la capital del país.
También la SCJN validó la facultad que se le otorga a las alcaldías para velar que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos.
El pleno estimó que el término "velarán" se refiere a la posibilidad de que coadyuven con las autoridades locales y federales para mejorar la calidad de la educación, sin que se les esté otorgando alguna nueva facultad que no les corresponde.
Por último, se avaló la constitucionalidad de que en la Carta Magna capitalina se reconociera un derecho al uso médico y terapéutico de mariguana, se le diera protección a las personas migrantes y sus familiares, y que se obligará a las autoridades locales a cuidar el patrimonio de la ciudad.
El pleno informó que continuará en la próxima sesión con el análisis de los temas restantes de este asunto, que son: derechos laborales, justicia cívica y el parámetro de control del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad.
EB