Organizaciones no gubernamentales acusan que el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos atizó la crisis humanitaria porque se endurecieron las detenciones, las deportaciones y se perpetuó la discriminación y no protección a las personas en tránsito.
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Mañana se cumplen tres meses de la firma del pacto por el que se evitó la imposición de aranceles a productos mexicanos y el 10 de septiembre el canciller Marcelo Ebrard visitará Washington para evaluar los avances.
Con el fin de detener el flujo migratorio hacia el país vecino del norte, se implementaron operativos en carreteras, plazas públicas y hoteles y, para mediados de julio, se desplegaron 21 mil elementos policiacos en las fronteras norte y sur.
De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, del 8 de junio al 11 de agosto se rescató a 46 mil 616 migrantes en 51 puntos de contención en 13 entidades; el pasado 1 de diciembre advirtió que esta política se mantendrá después de los 90 días de plazo del convenio.
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La directora general de Sin Fronteras IAP, Ana Saiz, destacó que tras la amenaza del presidente estaduidense, Donald Trump, el programa migratorio de México tuvo un giro radical.
“Vemos un endurecimiento tremendo en las deportaciones y detenciones conforme a la exigencia de Estados Unidos. El gobierno inició con una política de brazos abiertos, de hospitalidad, pero de repente vemos un hacinamiento tremendo en estaciones migratorias", dijo en entrevista con MILENIO.
Olga Sánchez, fundadora del albergue de Tapachula, Chiapas, subraya que la migración continúa.
“Vino para quedarse, no ha bajado nada, esta situación es una crisis muy fuerte, una crisis humanitaria que ha venido golpeando muy fuerte. En agosto aumentó el número de personas y la falta de comida”.
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes es de la misma idea.
Esta red agrupa a 23 albergues de migrantes que se localizan en todo el país, principalmente en las fronteras norte y sur.
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Gerardo Talavera, integrante de la red, critica el acuerdo México-Estados Unidos, "nos puso en una situación de desigualdad, efectivamente si hay una presión: el gobierno mexicano actuó muy distinto de un día para otro".
Señaló que es de llamar la atención "que un gobierno con una posición social de repente, haga estos despliegues, como el de la Guardia Nacional que como sociedad mexicana, pensamos están destinadas para proteger a las personas".
En entrevista, Saiz, coincide "tenemos de repente un gran despliegue de Guardia Nacional no sólo en el sur, sino también en el norte, enfrentándose a personas que no son delincuentes".
Después de esa amenaza de Trump, llegó el "viraje de la política migratoria".
Refiere que el fenómeno no es nuevo, solo que ahora se ha recrudecido y más con la intervención de la Guardia Nacional "nos preocupa mucho el que no se está tratando con delincuentes; las personas que cruzan la frontera de México de manera indocumentada, cometen una falta administrativa y como tales debemos tener controles administrativos".
Pero no, "estamos privando de libertad a las personas y mandando a la Guardia Nacional como si se estuvieran enfrentando a delincuentes".
RLO