Cerca de 500 cooperativistas y trabajadores agremiados al "Núcleo Cooperativo Cruz Azul" se manifestaron en la sede de gobierno estatal para demandar que se garantice la seguridad en Tula de Allende, pues el conflicto que mantiene la directiva de la empresa cementera, así como el sitio que mantienen cerca de 600 personas del inmueble en Ciudad Cooperativa Cruz Azul ha incrementado la incidencia delictiva.
Los manifestantes acusaron que las personas que tienen secuestradas las instalaciones de la cementera, mismas que se han mantenido por más de tres meses en éstas, han incurrido en delitos de robo de materiales, así como de asalto a transeúntes, lo cual afectó la calidad de vida de todos los habitantes de esta zona.
- Te recomendamos Convocan a marcha en Tizayuca por Nicole; organizan colectas también Policía
Aunado a la protesta pacífica en las inmediaciones de la Plaza Juárez en Pachuca, los cooperativistas bloquearon las avenidas Juárez y Revolución para exigir al Ejecutivo estatal que tome acciones puntuales para cesar la inseguridad en el municipio, pues las comunidades que más se han visto afectadas por estas incidencias son: Santa María, Pueblo Nuevo, El Carmen, Bomintzha, y la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, donde estas personas mantienen su sitio.
Este grupo que mantiene sitiada la sede de la cementera, acusaron, es de cerca de 600 personas, ninguna de ellas es originaria de la entidad, pues fueron llamados para mantener secuestradas las instalaciones desde hace más de tres meses debido al conflicto que dejó la destitución del ex presidente Billy Álvarez Cuevas, y de la omisión de los órganos jurisdiccionales de emitir una sentencia para que puedan retomar actividades.
Situación que afecta a más de seis mil familias del municipio, mismas que dependían del salario, así como apoyos que entregaba la cementera Cruz Azul por la extracción y uso de materia prima para elaborar el cemento, como es el caso de más de 350 familias de Bomintzha, a las cuales se les otorgaba una indemnización por el uso de la materia prima.
De igual forma solicitaron al gobernador, Omar Fayad Meneses, que no sólo intervenga con acciones para abatir la inseguridad, sino que también pueda coadyuvar con el gobierno municipal y federal para dar celeridad a la resolución de este conflicto en los órganos jurisdiccionales, pues tienen más de tres meses sin poder laborar, lo cual sumado a más de un año de pandemia y sus consecuencias, los deja en indefensión y con muchas necesidades que no pueden cubrir.
En caso de que no reciban una respuesta del Ejecutivo estatal, adelantaron, se verán obligados a tomar medidas más drásticas, como el cierre permanente de la carretera Arco Norte, así como de diversas arterias viales principales tanto en Tula de Allende como en la capital del estado.
Lo anterior debido a que desde hace 15 días sostuvieron una reunión con el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Badillo, quien se comprometió a entregar al gobernador los escritos con sus principales peticiones, "ya tienen conocimiento de esto, por eso venimos de manera pacífica a exigir soluciones, no podemos esperar más, no tenemos la solvencia económica para aguantar tanto; además vivimos con miedo de que estas personas que vienen de otros estados, porque no son de Hidalgo, puedan tomar acciones más violentas, ya hay robos y agresiones y no queremos que pase a mayores", sentenció uno de los manifestantes que prefirió permanecer anónimo por miedo a represalias.
Finalmente, los más de 500 cooperativistas aseguraron que en caso de no ser atendidos por el gobernador para atender esta situación de inseguridad que se vive en Tula de Allende, tendrán que tomar medidas mas desesperadas, como la toma de vialidades, "pero nosotros no queremos molestar a nadie, queremos solución ante la inseguridad que vivimos, y queremos regresar a trabajar".