La Auditoría Superior de la Federación (ASF) espera aclaraciones o reembolsos por 597 mil 217.9 millones de pesos de parte de instituciones públicas de todos los niveles de gobierno, desde dependencias federales hasta gobiernos municipales.
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La cifra equivale a casi nueve veces los 68 mil millones de pesos que el gobierno federal pretende obtener con la extinción de los 109 fideicomisos, aprobada en el Congreso de la Unión.
Estas cuentas pendientes incluyen saldos desde 2001 (año del que se deben 2.3 millones de pesos) hasta 2018 (170 mil 683 millones). Según datos de la ASF, destaca que la mayor cantidad de recursos por aclarar o recuperar es del sexenio pasado, pues de 2013 a 2018 el monto suma 509 mil 829.2 millones de pesos, es decir 85.36 por ciento.
Sin embargo, no todos corresponden a dependencias del gobierno federal, sino de todo tipo de instituciones públicas que reciben recursos federales. Después de 2018, las auditorías de 2016 son las que más montos por aclarar acumulan, pues se deben 112 mil 52.2 millones de pesos; de 2017, 64 mil 647.2 millones, y de 2014, 64 mil 405 millones.
Desde 2000, la ASF ha determinado montos por recuperar o aclarar por un billón 380 mil 121.1 millones de pesos, de los cuales, en 18 años, ha recuperado 148 mil 583.1 millones. Ha recibido aclaraciones por 634 mil 320.2 millones, se encuentran en proceso resarcitorio 143 mil 910.5 millones y tiene pendiente los 597 mil 217.9 millones.
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Este viernes presentará dos de los tres paquetes de auditorías correspondientes a la revisión a las cuentas del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Y ADEMÁS
RECLAMOS A MÁS DE MIL INSTITUCIONES
De los 597 mil 217.9 millones de pesos pendientes de aclarar, la mayor cantidad han sido reclamada a las instituciones fiscalizadas a través de 23 mil 104 pliegos de observaciones a mil 25 instituciones de todo tipo: universidades, tribunales, secretarías federales, empresas estatales, municipios, alcaldías, institutos, hospitales, gobiernos estatales, fondos, fideicomisos, consejos, comisiones, bancos, puertos y aeropuertos. En dichos pliegos se señala que el monto que cada institución tiene pendiente se considerará un presunto daño patrimonial.