Organizaciones de derechos humanos y comités de familias solicitaron a los gobiernos asistentes a la IX Cumbre de las Américas generar acuerdos e implementar acciones regionales coordinadas para atender la violencia contra las personas migrantes.
Las organizaciones detallaron que diversos países de la región han instaurado políticas migratorias sin enfoque de derechos humanos. Explicaron que éstas obligan a las personas migrantes y solicitantes de asilo a viajar por rutas clandestinas en dónde se exponen a múltiples riesgos, los cuales se han agravado por el aumento de militares en las fronteras bajo una política de seguridad nacional.
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Además, indicaron que, durante los dos primeros años de implementación del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), mil 544 personas solicitantes de asilo sujetas a este programa fueron víctimas de abusos, delitos y violaciones de derechos humanos. Esto, cuando fueron retornadas a México para esperar por la resolución de sus procedimientos de migración en las cortes estadounidenses.
“Desde la llegada del presidente Joe Biden, organizaciones como Human Rights First han documentado otros 6 mil 356 casos de secuestro, violación, trata, tortura y otros ataques violentos contra personas migrantes expulsados o devueltos a México bajo las políticas de Quédate en México o en la ejecución de las expulsiones colectivas del Título 42. Hasta septiembre de 2021 y 9 mil 986 hasta marzo de 2022”, destacaron.
En el caso de México, señalaron que la política migratoria actual es cada vez más restrictiva y militarizada, lo cual incrementa los riesgos y violaciones a derechos humanos. De acuerdo con datos de la Unidad De Política Migratoria Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de 2016 a 2020, 3 mil 722 personas migrantes manifestaron haber sido víctimas de delitos en su tránsito por México. Entres estos predominando el robo, extorsión, tráfico ilícito de migrantes y delitos contra la libertad como secuestro y retención ilegal.
Las organizaciones pidieron adoptar una política migratoria integral regional con una contundente visión transnacional e hicieron siete recomendaciones, entre las que destacan: generar acuerdos regionales específicos con base en el respeto estándares de derechos humanos para garantizar un tránsito seguro y atender a población en movilidad desde el sur hasta el norte del continente, conformar un mecanismo regional que atienda la violencia y la criminalidad organizada transnacional alrededor de la migración y crear una comisión especial de investigación de masacres contra personas migrantes.
Esto, frente a la posibilidad de que durante la cumbre se firme una declaración regional sobre la migración y sus causas. Por ello, recomendaron priorizar respeto por los derechos humanos, garantizar la protección a grupos en situación de vulnerabilidad en los acuerdos, establecer sistemas regionales de protección para personas solicitantes de asilo y protección internacional.
De manera específica, pidieron a Estados Unidos no proponer acuerdos de “tercer país” ni ningún otro tipo de acuerdo que empuje la militarización de la migración, detener las expulsiones colectivas bajo el Título 42 que y eliminar el Protocolo de Protección a Migrantes.
LP