La Cámara de Diputados declaró la validez constitucional de las reformas en materia de simplificación orgánica para extinguir siete organismos autónomos, y acto seguido turnó el proyecto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Con dichas reformas a la Constitución Política se eliminan el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
Tras el cómputo de los votos aprobatorios de 21 legislaturas locales, el presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, hizo la declaratoria de constitucionalidad:
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de simplificación orgánica”.
Los congresos que en su momento avalaron la reforma son los de Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
Una vez extinguidos los referidos organismos autónomos, sus funciones serían absorbidas por dependencias de la administración pública federal.
Así, la tutela del derecho de acceso a la información y protección de datos personales a cargo del INAI pasaría a la Secretaría Anticorrupción y órganos de control de los poderes Legislativo y Judicial, así como al INE por lo que respecta a partidos políticos.
Las facultades y atribuciones de la Cofece y el IFT quedarían a cargo de una nueva “autoridad antimonopolios”, y las del Coneval, bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A su vez, las funciones de la CRE y la CNH pasarían a la Secretaría de Energía, mientras las de Mejoredu serían asumidas por la Secretaría de Educación.
LG