El abogado Juan Collado cumplió dos años cinco meses en prisión, donde se le han acumulado tres cargos penales federales y uno del orden local, además de que lleva meses analizando negociar algunas “cosas” para enfrentar sus procesos en libertad.
Personas consultadas por MILENIO aseguraron que no existe un acercamiento con la Fiscalía General de la República (FGR), porque no se ha concretado ni uno de los escenarios que el litigante y su defensa han planteado para lograr su excarcelación.
En caso de que “una de las cosas” que se han pensado negociar se concrete, agregaron, buscará un criterio de oportunidad, pero hasta hoy eso no ha ocurrido y mucho menos la FGR ha solicitado su cooperación.
El pasado viernes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte señaló que era “falso” que la FGR le haya otorgado un criterio de oportunidad a Juan Collado para enfrentar su proceso en libertad en alguna de sus causas penales del orden federal, como algunas versiones aseguraban.
Un día antes, Óscar Gregorio Herrera, juez de distrito, concedió un amparo a Juan Collado, resolución que canceló el auto de vinculación a proceso que se le dictó por un presunto desvío de 13.7 millones de pesos en perjuicio del gobierno de Chihuahua.
El juzgador determinó que el delito de peculado que se le imputó al litigante no se configuraba, porque no era servidor. Por esta razón le otorgó la protección de la justicia contra la resolución dictada por la jueza Guadalupe Hernández, del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, el 6 de septiembre de 2020.
La Fiscalía de Chihuahua imputó al abogado por simular un contrato durante el gobierno de César Duarte para desviar 13 millones 780 mil pesos.
El 9 de julio de 2019, elementos de la FGR capturaron a Juan Collado cuando se encontraba en un restaurante de Lomas de Chapultepec, debido a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por este caso fue vinculado a proceso.
Posteriormente fue vinculado a proceso por defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2015. Asimismo, un juzgador lo vinculó a proceso por fraude específico y se decretó prisión preventiva justificada en su contra, porque presumiblemente hizo acciones que lo beneficiaron.
En este último caso, el juez vinculó a proceso, por el delito contra la administración de la justicia, a Alberto Manuel Alcántara, ex titular de la Coordinación General de Investigación (CGI), de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, por intervenir para que Andorra liberaran 76.5 millones de euros del abogado.