Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostuola y del municipio de Aquila fueron asesinados a manos del crimen organizado el 12 de enero de 2023, al defender su territorio ante el asedio y las intenciones de ampliar un proyecto minero en la costa michoacana.
Sus nombres e historias se suman a las de otras 17 personas defensores ambientales que fueron asesinados en 2023, y a una lista de 102 defensores asesinados en lo que va de la actual administración, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
“Si comparamos los asesinatos de los últimos años: en 2022, fueron 24; en 2021, fueron 25; en el 2020, 18; en el 2019, 15; esto quiere decir, que en lo que va del actual administración federal 102 defensores ambientales han sido asesinados algo que desde nuestro muy particular punto de vista es inaceptable, es insostenible: También decir que el 57. 7% de las agresiones son en contra de pueblos indígenas y comunidades equiparables”, denunció Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del CEMDA.
Al presentar el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, que desde hace 10 años elabora el CEMDA, Alanís Ortega detalló que durante el año 2023 ocurrieron 20 agresiones letales, 19 de las cuales se catalogan como homicidio y una como probable ejecución extrajudicial. Michoacán es el estado de la República mexicana donde se registró el mayor número de asesinatos de personas defensoras, llegando a un total de 7. Le siguieron Guerrero con 6, Oaxaca y el Estado de México con 2 cada uno, y los estados de Hidalgo, Sonora y Jalisco con un asesinato.
El director Ejecutivo de CEMDA dijo que el estado mexicano debe atacar la impunidad, pues “los casos no se investigan, ni se sancionan, no hay responsables”, por lo que llamó a implementar una política pública de protección a los defensores ambientales, y fortalecer el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Además, el CEMDA, reiteró su llamado a la implementación efectiva del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), para garantizar el acceso a la información, participación y justicia de las personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo en México.
“Existe en México y se mantiene una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural de nuestro país, por tal motivo exigimos y levantamos la voz pidiendo un México, un país en el que existan las garantías efectivas de respeto y protección a los derechos humanos ambientales, ¿quién defiende a los defensores ambientales?”.
De acuerdo con el informe, de los últimos diez años de registros, el 2023 fue el segundo año con más eventos de agresión en contra defensores ambientales, con un total de 123; mientras que en 2022 se registraron 197 eventos de agresión.
De acuerdo con la metodología del CEMDA, los eventos de agresión corresponden a los hechos donde, en un lapso determinado, pueden suceder diversas agresiones específicas. Así que durante 2023, dentro de los 123 eventos de agresión registrados, ocurrieron 282 agresiones, siendo las más frecuentes las amenazas, la intimidación, las agresiones físicas, la criminalización, el hostigamiento y, el homicidio.
Referente al número de agresiones en general, en el año 2023 Jalisco fue el más peligroso para las personas y comunidades defensoras ambientales, con 20 eventos de agresión documentados. Le siguieron Oaxaca con 19 eventos, Ciudad de México con 12, Chiapas con 9, y Yucatán, Guerrero y Quintana Roo con 7 cada uno. En los 3 últimos años, Oaxaca ha sido el estado más constante en número de agresiones, colocándose como uno de los más peligrosos para ejercer la defensa ambiental. Chiapas se encuentra en situación similar, pues en los tres últimos años se ha colocado entre los 5 estados con más eventos de agresión.
Seis de cada 10 agresiones hacia pueblos indígenas
El informe destacó que el 57.7% de los casos de agresión en el 2023 fueron en contra de personas pertenecientes a pueblos indígenas. “Esto indica que las personas que habitan y cuidan los territorios son las más vulnerables a sufrir agresiones a causa de su labor”.
Los pueblos indígenas que más agresiones recibieron fueron los nahuas con 20 eventos, los cuales ocurrieron en el marco de proyectos mineros y forestales. En seguida se ubicaron los pueblos mayas de la península de Yucatán con 7 casos. Las agresiones en su contra están relacionadas con el megaproyecto denominado “TrenMaya”. Posteriormente, se encuentran los pueblos tzeltales y odami con 5 casos cada uno; y el pueblo mixe con 4 casos.
En 2023, el sector donde se presentaron más eventos de agresión fue la minería, con 30; le sigue el de vías de comunicación con 18 casos y, en tercer lugar, el sector forestal con 13 casos.
De los 18 eventos de agresión relativos a megaproyectos y obras relacionadas con vías de comunicación, todos fueron por habilitación de vías férreas: 12 se relacionaron con el megaproyecto “Tren Maya” y 6 con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Respecto de las agresiones letales, en el año 2023 los sectores minería e hídrico encabezaron la lista. De las 20 agresiones letales documentadas, 6 personas defensoras fueron asesinadas en el marco de la minería y 8 en el hídrico. Le sigue el sector de la biodiversidad, con 2 personas defensoras asesinadas.
En el ámbito de defensa, donde más agresiones ocurrieron fue el relacionado con el territorio, con 110 eventos; le siguen el agua, con 39; y en tercer lugar la flora, con 33 eventos de agresión.
Referente a los agentes agresores, de los 123 eventos registrados durante el año 2023, el principal fue el gobierno, con alguna participación en 61 eventos de agresión. Le sigue la delincuencia organizada, con 37 casos y, en tercer lugar, la empresa privada con 19. En 22 casos no se pudo identificar al agente agresor.2 Frente a esta situación el Estado mexicano tiene mucho que hacer en su labor de proteger y garantizar un entorno seguro para las personas y comunidades defensoras.
En cuanto a las agresiones cometidas por algún agente del gobierno, de los 61 eventos de agresión donde se documentó su participación, 23 de ellos se atribuyen a la policía (9 municipales y 14 estatales), en 19 a gobiernos estatales, en 17 al gobierno federal, en 16 a las fiscalías estatales, en 13 a gobiernos municipales, en 9 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 4 a la Secretaría de Marina (Semar), en 2 a la Guardia Nacional y en 7, a otras autoridades.
En cuanto al tipo de víctima, de los 123 eventos de agresión, 79 eran integrantes de la comunidad (64.22%); 16 casos integrantes de organizaciones de la sociedad civil (13%), 10 ejidatarios (8.13%), 7 comuneros (5.7%), 5 personas académicas (4.06%), 5 estudiantes (4.06%), 3 personas abogadas (2.43%), 2 de periodistas (1.62%), 2 defensores independientes (1.62%) y 5 contra otro tipo de víctima (4.06%).
En razón del sexo, 170 eventos de agresión (12.9%) fueron contra personas del sexo masculino y 68 del femenino (5.16%). En el resto de las 1,079 (81.92%) personas no fue posible identificar este dato.
Referente al género, 140 (10.63%) personas se identificaban como hombres; 48 como mujeres (3.64%) y 1 persona como no binaria (.075%). No se pudo identificar el género en el caso de mil 128 (85.64%) personas debido a que las notas no aportaron información al respecto, o bien, porque en algún caso específico, como una protesta, no se pudo determinar con certeza el número de personas participantes.
El Informe elaborado por el CEMDA incluye una serie de recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, incluyendo a los tres poderes de la Unión, así como al gobierno a nivel municipal, estatal y federal. La razón de que varias de estas recomendaciones se repitan con relación a informes anteriores es que no han sido atendidas, y la situación de las personas y comunidades defensoras no ha mejorado.
Gustavo Alanís reiteró que el artítulo 9 del Acuerdo de Escazú –del que México es parte–, establece que se debe garantizar un ambiente, un entorno propicio y seguro para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas, restricciones e inseguridad. Se deben de tomar medidas adecuadas y efectivas para proteger el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión, y se debe de prevenir investigar y sancionar ataques amenazas e intimidaciones que sufren los defensores.
LG