Este miércoles temblará en los pasillos del Congreso local, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá una justificación o destitución de los diputados por no haber ratificado hasta en ocho ocasiones a Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El viernes por la noche la SCJN enlistó el asunto de inejecución de sentencia 88/2020 confirmado como incumplimiento por parte de los legisladores, derivado de la solicitud que envió en agosto pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en el que propone destituir al Congreso local.
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“Determinar si el incumplimiento por parte de la autoridad es justificable o bien si se está en el caso de aplicar las sanciones que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal”, establece el temario del asunto que verá nuevamente la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
El magistrado García Guerra, quien fue restituido 30 meses después por el Congreso, solicitó mediante un oficio a la Corte a que destituya a los 15 legisladores del PAN, 9 del PRI y 2 del PT (es decir, solo a 26 y no a los 42) por incumplir injustificadamente con la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.
Y con menos de 72 horas para que los cinco ministros que integran la Segunda Sala de la SCJN discutan el asunto el miércoles a las 12:00 por el canal de YouTube, la defensa del Congreso local deberá acelerar una posible reunión con Esquivel Mossa para dialogar y confirmarle que el Legislativo cumplió con la restitución el 24 de agosto pasado.
Es importante señalar que la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución Federal dice que si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Corte otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento; pero García Guerra ya fue ratificado hace tres meses por los congresistas, al enterarse del proyecto que el Colegiado envió a la SCJN.
“Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito.
“Si se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte… procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, establece la fracción 16.
En este sentido, el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por García Guerra a la Segunda Sala, o decretado de oficio por la Corte, cuando la ejecución de la sentencia afecte “a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación”.
El incidente tendrá por efecto, se lee en la Constitución Federal, que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso.
“Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional”, concluye la fracción 16.
Si los ministros del máximo Tribunal acuerdan separar del cargo a los congresistas, éste sería un hecho histórico en el país que abriría la puerta para que suceda con cualquier Congreso de la república en un futuro.
El fallo de los ministros sería a casi una semana de que arrancaron las precampañas electorales en el estado, por lo que los sueños de los legisladores que buscan la reelección u otro cargo, están en el limbo.