La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, busca apoyar a grupos de madres y buscadores a través de una serie de reformas a la ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
El proyecto fue aprobado en comisiones legislativas por los diputados locales y se espera que tenga el visto bueno del Congreso esta misma semana en el pleno.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal fue ingresada en diciembre de 2025 y tiene como objetivo “fortalecer la búsqueda, localización, identificación y esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas en la entidad”.
¿Qué se sabe acerca de la propuesta?
Asimismo, tiene como propósito armonizar el marco normativo mexiquense a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el delito de desaparición a través de la creación de la Plataforma Única de Identidad.
La estrategia contempla fomentar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno e instituciones públicas y privadas, a través de reformas a las leyes en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; Orgánica de la Administración Pública, y de Seguridad.
Por un lado, contemplan la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda y permitir acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías, exclusivamente para estos fines.
Sobre este punto, se pretende que se le dé acceso a distintas autoridades como son el Ministerio Público, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, las comisiones de búsqueda y policías estatales a datos biométricos o identificativo de personas.
Además, estipula que los centros residenciales de atención a las adicciones, centros de reinserción social, centros de asistencia social y estaciones migratorias, deberán contar con registros; mientras que el mismo proyecto obliga a que instituciones públicas o privadas que tengan bajo su resguardo cuerpos o restos humanos, actualicen sus datos y los remitan al Banco Nacional de Datos Forenses, entre otras disposiciones.
Edomex, entre los primeros tres lugares de desapariciones
Durante la discusión del proyecto, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, indicó que en mayo de 2024, el Estado de México ocupaba el tercer lugar nacional en lo que refiere a desaparición de personas.
Se informó que el primer puesto era ocupado por Jalisco, seguido de Tamaulipas, el Estado de México, Veracruz y Nuevo León. En conjunto, estos estados acapararían el 48 por ciento de desapariciones reportadas en todo el país.
“El Estado tiene la obligación irrenunciable de prevenir las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables. No se trata de un favor, ni de un gesto político; se trata de cumplir con la ley y con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
“Es momento de pasar del discurso a la acción, se requieren políticas públicas eficaces, presupuesto suficientes, fiscalías eficientes y mecanismos de búsqueda inmediatos. Se requiere coordinación con los tres niveles de gobierno y sobre todo, tener voluntad política para enfrentar el problema sin simulaciones evasivas”.
Con este contexto, diversos diputados consideran que es necesario dignificar el trabajo que hacen las madres y colectivos de búsqueda. Este proyecto legislativo fue aprobado en comisiones por mayoría de votos y se prevé que se llevado al pleno el jueves 15 de enero.
MD