Por unanimidad, con 353 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Penal Federal para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de pornografía infantil, turismo sexual contra menores de edad y pederastia hasta que las víctimas cumplan 30 años.
El proyecto de reformas fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
“La prescripción comenzará a partir del día siguiente al que cumplan 30 años; se trata de acabar con la impunidad de los autores materiales que actualmente se ven beneficiados por el simple paso del tiempo, escudándose en que los menores no tienen capacidad para solicitar protección y seguridad”, señaló la legisladora morenista Lorena Villavicencio.
Urgió por ello a aprobar las reformas a los artículos 107 bis y 205 bis del Código Penal Federal, pues dijo, México no puede seguir como el primer lugar del mundo en materia de pornografía infantil y abuso sexual contra menores.
En su turno, la legisladora panista Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precisó que actualmente los plazos de prescripción de los delitos sexuales contra menores comienzan a correr a partir de que las víctimas cumplen los 18 años y solo pueden denunciar hasta cumplir 21.
Por ello, de acuerdo con la reforma aprobada y conforme con las reglas generales de prescripción del delito que van de un mínimo de 3 años hasta un máximo de 15, la víctima tendría desde los 33 hasta los 45 años cumplidos para el comienzo del proceso penal respectivo.
Al fijar el posicionamiento de su bancada a favor del dictamen la diputada priista Laura Barrera remarcó que los delitos sexuales contra menores deben ser perseguidos y castigados, sin importar la temporalidad.
“Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad, y de cada mil casos de abuso, solo se denuncian cien, pero de este universo, solo diez llegan a juicio y uno a sentencia”, dijo.
Por ello, subrayó, no podemos permitir que niños estén en manos de individuos o grupos criminales que atentan física y mentalmente contra su persona.
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