El abogado Alejandro Celorio, quien inició el litigio del gobierno de México contra fabricantes de armas estadunidenses, manifestó su inconformidad con el fallo de la Corte Suprema de ese país y consideró que los argumentos presentados por México eran sólidos y suficientemente robustos.
Aunque la decisión de la Corte Suprema es definitiva y no puede apelarse, Celorio informó que existe una segunda demanda presentada en Arizona, donde la relación entre las empresas demandadas y los daños sufridos por México es aún más directa. “Estimo que la decisión de la Suprema Corte será útil para esta segunda demanda en Arizona, ya que nos permite afinar los argumentos y delimitar mejor el marco legal sobre el cual procederemos”, comentó.
En entrevista para MILENIO Televisión con Josué Becerra, Celorio explicó que la industria armamentista en Estados Unidos cuenta con tres líneas de defensa legales que dificultan su responsabilización por el tráfico ilegal de armas hacia México y son utilizadas por las empresas como argumento para deslindarse de responsabilidad sobre el uso final de sus armas.
Primero, dijo, está la Ley de Inmunidad que otorga protección a los fabricantes de armas frente a demandas legales por el uso indebido de sus productos, incluso si terminan en manos del crimen organizado. “Es la barrera jurídica más difícil de superar para los litigios que intentan vincular la conducta empresarial con los efectos violentos en otros países”, dijo.
Asimismo, está la información de trazabilidad no pública que determina que si bien existe información detallada sobre la procedencia y trayectoria de las armas decomisadas —incluyendo lugar de venta, fabricación, fechas y nombre del comprador—, no es de acceso público.
“Son datos que sólo en algunos años, y por presión gubernamental, se han logrado obtener mediante reportes oficiales emitidos por Estados Unidos”, comentó. Y aseguró que el control sobre estos datos dificulta su uso como prueba en tribunales.
De igual manera, dijo que las medidas regulatorias internas permiten que las empresas se protejan bajo el argumento que cumplen con regulaciones para la seguridad de sus productos. Éstas, dijo, incluyen el almacenamiento seguro de armas, la prohibición de su portación en espacios públicos en ciertas condiciones, y la obligación de reportar robos o pérdidas.
Celorio dijo que el núcleo de la demanda mexicana es que las empresas armamentistas están al tanto de que sus productos terminan en manos de criminales en México, y sin embargo “no adoptan acciones concretas para prevenirlo.
“México argumentó que existe información que vincula la conducta de las empresas con los daños sufridos en territorio mexicano, y que esta evidencia se podría presentar en una etapa procesal posterior mediante solicitudes a jueces estadunidenses o directamente a las empresas demandadas”, explicó.
Además, destacó que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Boston reconoció que el argumento del gobierno mexicano sobre que estas empresas “ayudan y facilitan el tráfico de armas hacia el país era sólido”. Sin embargo, la Suprema Corte de Estados Unidos. decidió no permitir la continuación del juicio, señalando que, para vincular a las empresas con el daño, “se requiere una acción directa de la parte demandada, y que las omisiones no bastan como fundamento legal”.
El abogado expresó su desacuerdo con la decisión de la Suprema Corte, argumentando que en el derecho civil estadounidense las omisiones también pueden generar responsabilidad legal. “Nos sorprende que la Suprema Corte, pese a tener la oportunidad de permitir que México presentara sus pruebas, haya cerrado esa puerta”.
Agregó que uno de los jueces de la Corte Suprema expresó que, de haberse permitido continuar el litigio, otras empresas de distintas industrias también podrían haber sido expuestas a demandas similares. Para Celorio, esto muestra una actitud protectora hacia el sector empresarial, aún en contextos donde se plantean consecuencias humanitarias graves.
Celorio hizo un llamado a las autoridades de Estados Unidos. para realizar auditorías a las tiendas de armas dentro de su territorio, a fin de verificar si estas están coludidas con prestanombres o traficantes. La intención es evidenciar si hay negligencia o complicidad en la cadena de suministro que permite el flujo ilícito de armas hacia México.
LG