En los penales del Estado de México subsiste la corrupción y extorsión, aunado a la falta de agua potable en las celdas, déficit de camas, carecen de atención médica, sobrepoblación y subsiste el abuso de autoridad e incluso el abuso y acoso sexual a familiares o visitas de personas internas.
De acuerdo al “Segundo Informe sobre la situación carcelaria en la entidad: violaciones a los derechos humanos de los internos y visitas” que realizó el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la cifra promedio de gastos en cada visita al penal es de mil 259 pesos por persona.
"Impuestos"carcelarios
Esto debido a que les cobran por todo, por el ingreso de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, por el color de la ropa para ingresar, por no tener que hacer fila, por no ser revisados, por uso de espacios, el uso de sillas o mesas, por traer el pelo suelo, por llevar ropa ceñida, entre otras reglas que cambian en cada visita.
Sufre abuso de autoridad
El informe fue presentado durante los trabajos de la comisión especial seguimiento penitenciario, la organización explicó que la información la obtuvieron por medio de entrevistas a 169 persona, de las 59 fueron entrevistas a profundidad y 110 cuestionarios aplicados presencialmente afuera de los penales, donde 39 por ciento de la población no tienen sentencia, la gente acude entre tres a cuatro veces al penal y su familiar está preso en promedio 5.2 años.
Fabiola Bite, abogada de Zeferino Ladrillero dijo que 83.1 por ciento denunció que su familiar ha sufrido sobornos en el interior del recinto penitenciario, donde una de cada dos personas está en prisión preventiva oficiosa.
Ante quienes integran la comisión legislativa, Andrés Arasena Mora, dio a conocer que este trabajo les llevó más de seis meses y participaron 10 especialistas en Ciencias Sociales, quienes trabajaron con todo el profesionalismo para conocer cómo vive la gente en las prisiones mexiquenses.
Encontraron que 89.8 por ciento no ha tenido acceso a cama en algún momento de su estancia en la prisión, 71.2 por ciento no cuenta con agua potable ni condiciones mínimas para habitarla, sólo 63.7 por ciento tiene acceso a llamadas reglamentarias, 84.7 por ciento no recibe atención médica oportuna y en caso de enfermedades crónicas no hay tratamientos.
Además de ello 72.9 por ciento sufrió abuso de autoridad por parte de los funcionarios del penal, tienen testimonios de abusos y acoso sexual a las visitas, 86.4 por ciento ha tenido que pagar para ingresar alimentos y 83.1 por ciento los artículos de primera necesidad.
A eso se suma que sólo 61 por ciento han tenido espacio apropiado de convivencia, pero 83 por ciento tuvo que pagar por ese lugar, aunado a que la cárcel no ha logrado disminuir los niveles de inseguridad, no dan resultados y se necesita una transformación de fondo.
Sistema opaco e injusto: diputados
Durante la comisión, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, consideró que el sistema penitenciario de la entidad es totalmente opaco e injusto, no sólo por la sobrepoblación sino por problemas más graves.
Apuntó que más allá del discurso su objetivo es que se aplique la justicia para todos aquellos que, por omisiones, por un procedimiento indebido o simple y sencillamente por la injusticia e ineficacia de quienes están obligados a juzgar con equidad y objetividad, se cometen muchos abusos y arbitrariedades.
En tanto, el presidente de la comisión de Procuración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, anunció que buscará una reunión de trabajo con las autoridades competentes y las comisiones de Seguridad, Justicia, Derechos Humanos, Amnistía y Centros Penitenciarios para emprender un parlamento abierto en la cual puedan participar todas las personas involucradas en el tema.
Ariel Juárez Rodríguez, presidente de la comisión del Sistema Penitenciario consideró necesario dar más facultades a la Comisión de Derechos Humanos para que los días de visitas esté presente personal de esta instancia para que no se violen los derechos de quienes acuden a visita a los penales.
Familiares piden hechos, no promesas
Al encuentro acudieron familiares de personas presas que pidieron justicia y más allá de discursos hechos reales, aunque aplaudieron la apertura a escucharlos. Claudia Juárez, quien tiene dos personas presas señaló que mucha gente ha normalizado insinuaciones o toqueteos por los custodios, cuando no lo es y es necesario visibilizarlos.
Carmela Pozos denunció que la discriminan por su vestimenta indígena, su hijo duerme en el pasillo y le cobran entre 30 y 50 pesos por una mesa; otra de las asistentes añadió que durante las revisiones la han toqueteado y le cobran 20 pesos por llevar un color de prenda, el cual a juicio de los custodios no está permitido.
“A mí me dieron la posibilidad de enfermar a mi hijo de Covid a cambio de 1.5 millones de pesos; a ese límite llega la justicia, para todo dan ibuprofeno” apuntó.
La Codhem ofreció apoyo a la gente que quiera presentar alguna queja.
KVS