El gobierno federal analiza la creación de una comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de violaciones graves a los derechos humanos desde 1965 a 1990, proyecto que por el momento se encuentra en estudio en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y promete esclarecer hechos como la matanza de estudiantes en el 68.
De ser publicado este proyecto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este grupo de trabajo especializado tendrá que cumplir en la investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes, a efecto que se realicen las acciones necesarias para esclarecer la verdad e impulsar la justicia a través de la reparación integral, el derecho a la memoria y, en su caso, dar vista a las autoridades y organizaciones competentes.
De ser establecida, esta comisión será integrada por los titulares de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, del Archivo General de la Nación, la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la de Búsqueda de Personas.
Asimismo, como por cinco personas expertas de “reconocida calidad moral” o prestigio profesional que serán designados por la presidenta de la Comisión. Ninguno de los integrantes de la comisión recibirán alguna retribución monetaria por su participación en ésta.
La comisión dependerá de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y determinará su forma de organización y funcionamiento de acuerdo con los lineamientos que para ello emita.
Y, a su vez, podrá convocar a reuniones de seguimiento a los trabajos a las víctimas, sus familiares y sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos, además de que deberá rendir cuentas a la población de sus acciones.
- Los objetivos de esta comisión serán:
- Establecer mecanismos para el esclarecimiento histórico
- Implementar los mecanismos de investigación
- Establecer los mecanismos para incrememtar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en ese periodo.
- Impulsar medidas de reparación a favor de las víctimas, entre otras acciones.
Las personas servidoras públicas designadas por la comisión que recaben información documental de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán observar, en todo momento, las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales, así como en materia archivística.
Será la comisión la responsable de entregar un informe final de esclarecimientos históricos de los hechos, que deberá ser entregado a las autoridades correspondientes y a las víctimas, familiares de éstas o víctimas colaterales.
De ser publicado, dicho proyecto entrará en vigor ese mismo día y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 202; mientras que la comisión deberá integrarse dentro de los primeros 30 días después de su publicación. En ese tiempo, Hacienda deberá de realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes y se deberán de establecer más acciones para su completa implementación.
LP