Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), movimiento de personas afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en 2014, denunciaron que a dos años del Plan de Justicia Cananea-Río Sonora (PJC-RS), presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, persiste la falta de acción y coordinación por parte de las autoridades, que siguen sin cumplir con sus obligaciones, comparten información errónea, no acatan las sentencias judiciales y evaden reuniones con los afectados, pero se mantienen en negociaciones con Grupo México.
“Esta falta de acción es aún más alarmante a la luz de los resultados presentados por la Comisión Nacional del Agua, que muestran que persisten los niveles preocupantes de metales pesados en el agua de la cuenca del Río Sonora, con 13 de los 27 sitios muestreados en noviembre y diciembre del 2023 superando los límites permisibles para aluminio, arsénico, hierro, manganeso y mercurio”.
Señalaron que durante casi 10 años se ha comprobado la grave contaminación en el agua de la cuenca, pero la Comisión Estatal del Agua (CEA) sigue sin cumplir la promesa de construir al menos una planta potabilizadora en Bacanuchi, para proporcionar agua libre de metales pesados.
También denunciaron que se continúan tomando decisiones sin informar ni contar con la participación de las comunidades, por lo que exigieron que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) sea incluido en los proyectos de las plantas potabilizadoras restantes.
“Además de seguir consumiendo agua contaminada, seguimos sin recibir la atención médica especializada en toxicología que requerimos desde hace 10 años, y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora (SSaludSonora) sigue sin implementar el tan urgente plan de salud en el Río Sonora”.
De acuerdo con los comités, a pesar de que el Juez 13 de Distrito en el Estado de Sonora ordenó a SSaludSonora otorgar atención médica a las personas que necesitan vigilancia urgente por daños en su salud por metales pesados, esta sigue sin ser cumplida.
“Las personas que fueron citadas en el hospital de especialidades denuncian que los médicos internistas carecen de capacitación en toxicología y se les han negado los estudios necesarios de metales pesados en sangre y orina. Además, se ha reconocido la falta de laboratorios para estos análisis en el estado de Sonora”.
De esa manera, señalaron que es urgente que la SSaludSonora implemente las medidas necesarias para abordar la crisis de salud en la cuenca. Con la mayoría de la población –más del 90 por ciento – incluyendo niños y niñas– expuesta a metales pesados, y un riesgo “alto” y “muy alto” de enfermedades graves, exigieron respuesta del Dr. José Luis Alomí, titular de SSaludSonora y de la doctora Gabriela Nucamendi del IMSS-Bienestar, ex subsecretaria de Salud.
Señalaron que en una reciente reunión, SSalud Sonora se comprometió a compartir el plan de salud y a trabajar con transparencia de la mano con las comunidades y redirigir acciones en beneficio de las comunidades. Se espera una reunión para discutir esta información a finales de marzo de 2024.
LG