El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), tardó casi tres años en poder liquidar al partido Vía Radical que perdió su registro en las elecciones de 2018, cuando debutó en las urnas sin alcanzar el porcentaje mínimo de votos que exige la ley para mantenerse.
Aunque se trató de cubrir todas las obligaciones del partido, la insuficiencia en sus cuentas y bienes impidió que se pudiera pagar completo un laudo laboral, obligaciones con Hacienda y el gobierno estatal, así como sanciones administrativas por faltas electorales, que en conjunto superan los 4.6 millones de pesos.
De acuerdo a las autoridades electorales, este es el tiempo que normalmente tardan en hacer liquidaciones de partidos políticos porque se deben desahogar diversas fases hasta verificar que no queden pendientes y queden claras las cuentas y bienes usados durante el tiempo en el cual funcionaron oficialmente.
Para hacer esta liquidación fue necesario nombrar a un interventor que se encargó de todo el proceso, desde el inventario de los muebles, inmuebles y cuentas hasta el pago de deudas del partido para no afectar derechos de terceros con la desaparición del partido.
Además, se tuvo que dar garantía de audiencia al partido, verificar sus pasivos, subastar los bienes para pagar deudas pendientes, revisar todos sus ingresos y gastos, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la fiscalización correspondiente; se revisaron obligaciones laborales, fiscales y con proveedores y acreedores.
De acuerdo con el informe presentado ante el Consejo General del IEEM, se tuvo que establecer el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones o la ruta para no dejar pendientes, en caso que sus recursos no sean suficientes.
Por ley
Los bienes no podrán enajenarse, gravarse o donarse y el sobrante pasará a disposición de la Secretaría de Finanzas de la entidad para integrarlos al patrimonio de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), aunque en este caso no sobro nada.
El proceso de liquidación constó de tres fases: una preventiva, de liquidación y adjudicación. En la primera se intervienen todos los bienes y cuentas para evitar saqueos y todo es administrado por la persona interventora.
En este caso los adeudos laborales fueron de 311 mil 475 pesos, por pagos pendientes a 11 integrantes del comité estatal, a quienes le adeudaban poco más de 13 mil pesos por persona y a un trabajador que tenía un lado laboral que fue cubierto por 167 mil 491 pesos.
Uno de los temas que complicó la liquidación de este partido fue que los bienes no fueron suficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones que tenía, por lo que quedaron pendientes de cubrir: un laudo laboral de 210 mil 282 pesos, créditos fiscales por 54 mil 638 correspondientes a la Secretaría de Hacienda, 16 mil 650 pesos al gobierno estatal y sanciones administrativas por 4 millones 378 mil 867 pesos.
En este caso no hubo remanentes ni suficiente financiera para pagar 4.4 millones de pesos a diversos entes, no se pudieron recuperar cuentas por cobrar por 1.1 millón de pesos por lo cual el déficit final fue de 4.6 millones de pesos.
MMCF