La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, exhortó a los gobernadores de los 31 estados del país y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México a atender el tema de las desapariciones forzadas de personas de manera prioritaria y siempre en favor de las víctimas.
La titular de ese organismo pidió a los mandatarios reconocer el problema de la desaparición forzada y realizar acciones concretas para atender la problemática, aún en el marco de la actual emergencia sanitaria.
Piedra Ibarra dijo que pese a los avances como el decreto de “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, la cual entró en vigor el 16 de enero de 2018, los avances aún no se encuentran a la altura de las expectativas de las víctimas ni de la sociedad mexicana.
Por lo que dijo “se requiere una mayor voluntad política, en particular desde las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades federativas, para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y apoyar a las instancias que lo conforman”.
Ese organismo informó que se les ha hecho llegar por escrito a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y al gobierno de la Ciudad de México, que escuchen a la sociedad, y con ello, impulsar, coordinar y supervisar, en el marco de sus atribuciones y funciones, los esfuerzos de investigación y búsqueda en los casos de desaparición de personas, conforme a derecho y hasta sus últimas consecuencias, más allá de la actual emergencia sanitaria, tal como lo demandan los mejores intereses de la sociedad mexicana.
Este atento exhorto de la CNDH, que ha sido enviado a las 32 entidades, contiene 16 tareas, de las que derivan 31 acciones concretas, que se proponen para fortalecer la cooperación de las instancias encargadas de la búsqueda de personas, de atención a víctimas, procuración de justicia y brindar seguridad pública, así como de aquellas responsables de promover el desarrollo social, el crecimiento económico, el empleo, la salud y la educación, a fin de establecer una política integral que permita prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas en todas la entidades federativas.
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