Un día como hoy, pero de hace un año, Irma Eréndira Sandoval fue sustituida sorpresivamente en su cargo al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una reunión cuyo video fue transmitido en las redes sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la escena, desarrollada en el despacho presidencial, el mandatario anunció el reemplazo de Sandoval Ballesteros por el entonces subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Roberto Salcedo Aquino, a quienes tenía frente a sí, del otro lado de su escritorio.
El rostro de López Obrador era serio, duro, mientras que Sandoval Ballesteros agradecía, casi con la voz entrecortada, “haberme permitido caminar a su lado en el primer gabinete paritario de la historia”.
Roberto Salcedo, de bajo perfil
A partir de entonces, el rostro de la SFP cambió: el nuevo secretario, un servidor público de larga trayectoria en el sector de la fiscalización y la rendición de cuentas, eligió ser un personaje de bajo perfil.
No tiene redes sociales ─a diferencia de Sandoval─ en donde presumir actividades, logros y mensajes de apoyo al Presidente, no acude a las conferencias matutinas en Palacio Nacional, no acepta entrevistas, no da conferencias de prensa, participa poco en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y a los actos públicos prefiere enviar en su representación al titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción, Gerardo Laveaga Rendón, un personaje polémico por la cercanía que tuvo, en su sexenio, con el ex presidente Felipe Calderón, el acérrimo enemigo de la llamada cuarta transformación.
Laveaga, a su vez, se allegó de Grethel Alejandra Pilgram, ex directora de Instrucciones Presidenciales de Felipe Calderón.
La llegada de Laveaga a la SFP es el lado más visible de los cambios que hubo al interior de la Secretaría desde el reemplazo de Sandoval por Salcedo, quien prácticamente desmanteló el equipo que la ex secretaria había formado.
Sin hacer modificaciones al Reglamento Interior de la SFP, con el nuevo secretario al frente desaparecieron los titulares de las dos subsecretarías que aún le quedaban a la dependencia tras la reforma al reglamento publicada en 2020: la Subsecretaría de Combate a la Corrupción y la Subsecretaría de Combate a la Impunidad, aunque sí quedaron las estructuras debajo de ellas.
ASF, cuna de talentos
Para ocupar esas estructuras, Salcedo trajo a experimentados servidores públicos que, como él, se formaron en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluido el primer auditor superior en la historia del país, Gregorio Guerrero Pozas.
Guerrero, quien fue el primer titular de la ASF, desde el 30 de diciembre del 2000 al 30 de diciembre del 2001, es prácticamente el brazo derecho de Salcedo, pues ocupa la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, de la que dependen todos los Órganos Internos de Control del gobierno federal.
En la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, Salcedo dejó a una servidora pública que formaba parte del equipo de Sandoval Ballesteros, quizás la única que sobrevivió: Dálida Cleotilde Acosta Pimentel, quien trabajó con la ex secretaria desde que era investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
A la Subsecretaría de Combate a la Corrupción la reestructuró al nombrar al frente de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública colocó a José Luis Chávez Delgado, quien desde 1985 hasta el 2018 trabajó en la ASF en la Dirección General de Auditoría de Desempeño de Programas Presupuestarios.
Como titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental puso a Omar González Vera, quien desde 1996 hasta el 2018 fue director general de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas de la ASF.
Como titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas, designó a Eduardo Gurza Curiel, también de larga trayectoria en la ASF, en donde de 1999 a 2013 se desempeñó también en la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, luego fue comisario y auditor en la SFP, entre otros cargos.
En la Subsecretaría de Combate a la Impunidad colocó a Jaime Arturo Larrazábal Escárraga como titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, quien del 2015 al 2018 fue subdirector en la Auditoría Especial de Desempeño y desde 2019 desempeñó cargos en la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
En 2018, Larrazábal trabajó por seis meses con el último secretario de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, Eviel Pérez Magaña, como coordinador general de Asesoría Especializada en Transversalidad.
En la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, el nuevo secretario nombró como titular a Alfredo Páez Herrera, quien desde el 2007 hasta 2019 trabajó en la Auditoría Especial de Desempeño.
Al frente de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones, Salcedo nombró a Katia Karina Rodríguez Ramos, con larga trayectoria en el área jurídica de Conagua, mientras que en la Unidad de Denuncias e Investigaciones colocó a Efraín Álvarez Caborno Ojeda, de larga trayectoria en materia de fiscalización en la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, la ASF, el Servicio de Administración Tributaria y el INE.
En el OIC de la SFP quedó Jorge Pedro Castolo Domínguez, quien de 2000 a 2018 trabajó en la Auditoría Especial de Desempeño de la ASF y luego fue contralor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
De las áreas que forman parte de la oficina del secretario, Salcedo nombró al frente de la Unidad de Administración y Finanzas a Ana Liza Gómez Torres, que era la directora general de Recursos Humanos de la SFP y que ya había estado en otras ocasiones en la dependencia.
En la Unidad de Asuntos Jurídicos, a Manuel García Garfias, quien antes de llegar a las direcciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP, ocupó, en el sexenio de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, direcciones generales en una de las áreas más polémicas de ese gobierno: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para luego sumarse a la Contraloría General de la ciudad.
En la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción, que tiene como principal función asesorar al secretario en los asuntos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y las políticas de transparencia y gobierno abierto, colocó a Gerardo Laveaga Rendón, quien, de acuerdo con su trayectoria, tiene un perfil más relacionado con el derecho penal que con la fiscalización de recursos públicos y que fue comisionado del entonces IFAI del 2012 al 2014.
Laveaga fue dos veces director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dos veces director general de Prevención del Delito en la PGR, director general de Prevención del Delito y director general del Ministerio Público en lo familiar y civil en la PGJDF, entre otros cargos.
Pero más allá de su trayectoria, a Laveaga Rendón se le recuerda como acérrimo defensor del calderonismo, al grado de que abogó por Calderón Hinojosa ante acusaciones de delitos de lesa humanidad que el esposo de Irma Eréndira Sandoval, John Ackerman, y su hermano Netzaí Sandoval, hicieron en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Una unidad sin experiencia
Es justamente la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción, a cargo de Laveaga, la que reúne a personajes sin experiencia en temas de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.
Como su brazo derecho, Laveaga tiene a una ex servidora pública de larga trayectoria en sexenios non gratos de la cuarta transformación.
Se trata de Grethel Alejandra Pilgram Santos, quien fue secretaria particular de Emilio Giocoechea, el segundo secretario particular de Vicente Fox, y directora general de Instrucciones Presidenciales en el sexenio de Felipe Calderón.
Antes, fue asesora del Instituto Nacional de Solidaridad, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y asesora de los secretarios de Gobernación de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma y Emilio Chuayffet.
Ahora, es la directora general de Transparencia y Gobierno Abierto, adscrita a la Unidad que encabeza Laveaga Rendón.
Con una carrera construida con cargos en el Inacipe y la PGR, en el ámbito completamente penal, Laveaga puso a Rafael Ruiz Mena como director general de Vinculación con los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización.
Proveniente del sector académico, profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana y asistente de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, León David Zayas Ornelas fue nombrado director de Proyectos y Políticas Anticorrupción.
Directora de Educación a Distancia y de otras áreas en el INACIPE, sin experiencia en materia de rendición de cuentas, Bertha Elena González Hernández fue nombrada directora de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que Sergio Alonso Rodríguez fue designado director de Coordinación y Formación de Habilidades en Materia de Transparencia y Anticorrupción, luego de ser director de Educación a Distancia en el INACIPE y dictaminador de redacción de textos en la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la subdirecciones de la Unidad hay otros ejemplos de inexperiencia: Mario Arturo Peralta Mejía era personal administrativo de Comunicación Social en el gobierno del Estado de Guerrero y ahora es subdirector de Implementación del SNA, mientras que Francisco Javier Carmona Villagómez pasó de ser subdirector de Conciliación y Consultas en el Instituto Nacional de Derechos de Autor a subdirector de Formulación de Proyectos Anticorrupción.
JLMR