Al menos 150 docentes que fueron despedidos de manera injustificada de 50 sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), se enfrentan a una complicada batalla legal, debido a que al haber estado contratados bajo una especie de “convenio de servicios educativos”, el Estado les niega el reconocimiento de sus derechos laborales.
Las demandas emprendidas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje desde septiembre de 2021, presentan dilación en sus procesos debido a que, entre otras razones, la naturaleza del proyecto dejó vacíos legales desde su fundación, ya que no se trata de una universidad como tal, sino de la creación, mediante decreto, de un organismo público descentralizado denominado Organismo coordinador de las UBBJG.
Patricia Juan Pineda, defensora de derechos laborales explica que pese a que el decreto establece que las relaciones de trabajo se regirán por el apartado A del artículo 123 Constitucional, el patrón les obligó a firmar convenios en el que las partes se reconocen entre sí como entes autónomos e independientes; incluso, ha encontrado especies de contratos en los cuales se establece a la persona como una adquisición de material u objetos, lo cual les priva de toda prestación social.
“Las contrataciones son simulaciones para evitar que se les reconozcan sus derechos laborales. La gravedad con la que se están haciendo las contrataciones es crítica, están haciendo una simulación para evadir la legislación laboral.
“Todo está hecho de tal manera que emprender una batalla legal sea complicado; las autoridades laborales responden que no existe la universidad porque lo que existe es una coordinación, es decir, no se asume como un organismo educativo, sino como un organismo coordinador, con domicilio compartido en Pátzcuaro, Michoacán, en donde las notificaciones (de demanda) son imposibles”, relata la abogada.
Considerado, en un principio, como uno de los programas estrella del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 100 planteles en todo el país, la iniciativa ha violentado los derechos laborales de su plantilla docente, denuncian los afectados.
A pesar de que en septiembre de 2019, la directora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), Raquel Sosa, prometió a los docentes iniciar su basificación, así como los procesos para la regularización de las Universidades, nada de ello ha ocurrido.
Al contrario, para julio de 2021 concluyó un periodo de despidos masivos en los que al menos un centenar de docentes se les notificó de manera impersonal y vía correo electrónico que sus servicios ya no eran requeridos.
“Su participación ha sido muy valiosa para el desarrollo de la sede, pero por el momento no estamos en condiciones de renovar el convenio de prestación de servicios educativos con usted, esperamos que en un futuro podamos contar nuevamente con su intervención profesional”, decía el correo que el pasado 19 de julio, sin previo aviso, recibió la maestra Sibely Cañedo, profesora de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable, la única licenciatura que se imparte en la UBBJG plantel Cosalá, Sinaloa.
Lo mismo le ocurrió a Silvia Arévalo Gutiérrez, quien se desempañaba desde agosto de 2019 como maestra en la licenciatura de formación docente, en el plantel Xochimilco.
Pero el 19 de julio de 2021 le extendieron una carta de fin de convenio en la que agradecieron su colaboración y le dejaron un adeudo de por lo menos 12 mil pesos.
La profesora asegura que confió en el proyecto pese a que en un inicio no hubo ningún contrato de por medio; pese a ello dejó Jalisco, su lugar de residencia, para mudarse a la Ciudad de México en espera de mejores condiciones de vida.
No obstante, a lo largo de casi dos años, relata, la universidad cometió diversas irregularidades como ajustes en el número de horas sin previo aviso y el despido de candidatos idóneos, privilegiando a docentes sin suficiente o inadecuada formación.
“Fue por la semana santa de 2019 cuando a los maestros de Xochimilco y Michoacán nos juntaron en el curso de inducción, la Dra. Sosa (Raquel) estuvo en ese curso y nos dijo que de momento no podían dar plaza porque Hacienda no lo permitía y porque no había salido el decreto de creación, pero llegaría el momento en que se regularizaría todo. Y ahora que hemos emprendido las demandas, lo niegan y dicen que solo nos ofrecieron convenios, cuando no es cierto, prometieron plazas.
“Yo tenía confianza en el programa, pero me encontré con la precariedad laboral, la violación a la ley y la precariedad pedagógica”, lamenta.
El presupuesto de las UBBJG ha tenido ligeras variaciones: en 2020 le fueron asignados mil millones de pesos, para 2021 cerca de 988 millones de pesos, y lo proyectado para 2022 son mil millones de pesos.
De acuerdo con el tercer informe de gobierno, hay 28 mil 87 personas inscritas al cierre del ciclo escolar 2021, con mil 002 docentes en 140 sedes instaladas.
En junio de 2020, Raquel Sosa anunció que el gobierno federal construiría otras 40 Universidades para el Bienestar en 15 estados, con lo que se serían 140 en total.
En aquel momento, Sosa admitió que las 100 universidades aún funcionaban en sedes alternas. Sobre las 40 sedes adicionales, dijo que comenzaría su construcción en 2020 y entrarían en operación para agosto de 2021.
No obstante, hasta ahora no hay información actualizada sobre el avance de las universidades y de acuerdo con los maestros consultados por MILENIO, las Universidades siguen operando en sedes alternas y padecen la falta de infraestructura adecuada y personal docente.
MILENIO buscó la postura de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
José Carlos Flores, quien era profesor de la sede Xochimilco, también fue despedido en julio de este año tras un año y medio de prestar sus servicios a la institución. Aunque recibió el pago conforme al convenio firmado, emprendió una demanda para exigir el reconocimiento de sus derechos como trabajador de la educación y se le paguen las prestaciones negadas, como vacaciones, seguridad social y aguinaldo, que le fueron negadas en el periodo que laboró.
“Lo que cuestionamos son las condiciones en las que están operando estas universidades, que ni universidades son, porque son planteles que solo tienen una carrera con asignaturas incompletas y plantilla docente incompleta. Yo llegaba a dar hasta 3 asignaturas distintas debido a que no contrataban a los profesores necesarios, pero cuando no había posibilidades, simplemente se les dejaba a los estudiantes hasta 3 materias”, expresa.
A Carlos España, quien se desempeñó como profesor de la UBBJG plantel Azcapotzalco, también le dieron las gracias por colaborar en julio de este año y decidió emprender la demanda por el reconocimiento de sus derechos. Pero sobre todo, dice, para advertir sobre la deficiencia en la calidad educativa de estas universidades.
“Los muchachos tienen muchas dudas sobre la educación que están recibiendo. Ellos mismos nos preguntan, ¿oiga maestro, me recomienda quedarme aquí o le busco por otra parte?, frente a la falta de maestros y rigor en los aprendizajes”, cuenta el profesor de ciencias sociales.
ledz