Los 32 gobiernos estatales no han podido aclarar el gasto de 304 mil 570 millones de pesos entre los años fiscales 2003-2017. Son recursos provenientes de diversos fondos federales que no se recuperaron en esos 15 años.
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Esta cantidad representa 64.4 por ciento de los 472 mil 361 millones de pesos malversados por entes fiscalizados, incluyendo dependencias federales, universidades públicas, instituciones autónomas y gobiernos municipales y estatales.
Es decir, que al menos seis de cada 10 pesos malversados en 15 años en todo el país son imputados a gobiernos de los 32 estados.
Las entidades que representan un mayor daño al erario son Veracruz, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas. En esas ocho se desvanecieron 211 mil 128 millones de pesos, 44.8% de lo perdido en todos los gobiernos y entes fiscalizados.
En las cuentas públicas con mayor monto por recuperar o aclarar figuran administraciones encabezadas por gobernadores que ya dejaron el cargo, como los priistas Javier Duarte (Veracruz) y Eruviel Ávila (Estado de México), pero también hay mandatarios en funciones, como Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán.
Uso libre de los recursos
Cada año los estados reciben recursos públicos provenientes de fondos federales para el apoyo de infraestructura, deuda pública, aportaciones a seguridad social y “provisiones salariales y económicas para fines concretos”. Sin embargo, a pesar de que ese dinero aparece etiquetado, las administraciones estatales hacen uso libre de los recursos para subsanar otros proyectos o simplemente desviarlo para “usos ajenos al bien social”, de acuerdo con lo que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso más abultado es el de Veracruz: acumula 63 mil 774 millones de pesos sin comprobar. La mayoría de los desfalcos en esta entidad se dieron durante la administración de Javier Duarte, ya que entre las cuentas públicas 2011 y 2016 no se hizo un buen uso de 62 mil 607.7 millones de pesos, es decir, 98.1 por ciento del dinero total que debe aclarar la entidad.
La red de corrupción que se creó durante el gobierno de Duarte consistía en crear empresas con un domicilio fiscal falso para registrarlas como proveedoras del gobierno con un amplio margen de facultades para poder vender casi cualquier producto. Al quedar establecidas y registradas en el servicio público, éstas recibían diversos contratos mediante adjudicaciones directas o licitaciones cerradas con la ayuda de funcionarios cercanos al entonces gobernador. Las firmas simulaban la compra de productos que se pactaban en los convenios y con el dinero obtenido la empresa cerraba operaciones.
La ASF reporta que los montos anuales por desfalco al erario público en la entidad se realizaron de la siguiente manera: en la cuenta pública de 2011 solo faltan 300 millones de pesos, pero para 2012 las auditorías comprobaron malos manejos por 5 mil 753 millones. A partir de la cuenta pública de 2013 se observa un aumento importante de los desvíos: 11 mil 108 millones de pesos. En 2014 el desfalco subió hasta 16 mil 803 millones y en 2015 bajó a 10 mil 9 millones.
Aunque en 2016 Javier Duarte dejó anticipadamente su cargo como gobernador para evitar su aprehensión, en ese año se presentó el mayor daño al erario por parte de un gobierno estatal en la historia del país: la Auditoría reportó que hubo un mal manejo de 18 mil 633 millones de pesos.
El pasado 26 de septiembre, el ex gobernador de Veracruz fue sentenciado a nueve años de cárcel y una multa de 56 mil pesos tras declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Michoacán
Las administraciones estatales no han podido resarcir 41 mil 641 millones de pesos durante el periodo 2006-2017. Una buena parte de esos recursos se concentran en los dos últimos años, ya en la administración de Aureoles.
La auditoría hecha en 2016 reveló que en ese año se hizo un mal manejo de fondos públicos por 3 mil 561.6 millones de pesos. Para 2017 las inconsistencias se dispararon a niveles nunca antes vistos para esta entidad: 14 mil 561.9 millones de pesos fueron desviados, robados, o usados para fines distintos a los que se tenían previsto.
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Administraciones anteriores también registraron montos sin aclarar. Entre 2012 y 2015 el gobierno estatal, encabezado por priistas, tuvo un mal manejo de 19 mil 647.2 millones de pesos. En enero de 2017 la Secretaría de la Contraloría de Michoacán presentó una decena de denuncias penales por peculado, fraude y abuso de sus atribuciones contra ex funcionarios públicos que se desempeñaron en ese lapso.
Durante ese periodo Michoacán estuvo gobernado por tres personas: Fausto Vallejo tomó posesión en febrero de 2012, pero tras casi un año en el cargo pidió una licencia por problemas de salud, dejando el puesto a Jesús Reyna (actualmente en prisión) durante algunos meses de 2013. En junio de 2014 Vallejo volvió a dejar el cargo, ahora en manos de Salvador Jara, quien fue elegido por el Congreso local como gobernador sustituto.
Estado de México
Es la tercera entidad con mayor monto por aclarar: 25 mil 42.7 millones de pesos de las cuentas públicas de 2012 a 2017, periodo en que fue gobernador el actual senador priista Eruviel Ávila.
Las administraciones mexiquenses transparentaron o repusieron cada peso que la Auditoría les cuestionó entre las cuentas públicas de 2004 y 2011. A partir de 2012, la historia fue distinta: en ese año se no se comprobaron gastos por 440.1 millones de pesos. Para 2013 el monto creció a 2 mil 385 millones. En 2014 fueron 6 mil 38.7 millones y en 2015 la cifra bajó a 3 mil 308.4 millones de pesos.
En los primeros cuatro años de la administración de Eruviel Ávila, el gobierno estatal acumuló observaciones por malos manejos de dinero público por 12 mil 172.5 millones de pesos, de los cuales mil 960 están en proceso resarcitorio, es decir, podrían regresar a las arcas públicas.
Los números no mejoraron en los dos años posteriores. En 2016 la Auditoría señaló que el gobierno del Estado de México no hizo buen manejo de 5 mil 178.6 millones de pesos y para 2017, año en que se realizaron las elecciones para gobernador, las irregularidades ascendieron hasta 7 mil 691.7 millones de pesos.
Entre los gobiernos estatales de Veracruz, Michoacán y Estado de México suman 130 mil 459 millones de pesos malversados, casi la mitad de todos los recursos desviados en las 32 entidades del país.