La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó 2 mil 627 millones 613.8 de pesos de la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, con cargo a la partida presupuestal “Medicinas y productos farmacéuticos”, pero “no se contó con información completa del total de vacunas recibidas y distribuidas” y tampoco se justificó por qué no coinciden las entradas y salidas del número de dosis de los biológicos de Pfizer y AstraZeneca.
También detectó que sobre la distribución de las dosis de vacunas a las entidades federativas, “existen incongruencias entre la información proporcionada por 10 Coordinadores de la Brigada Especial Estatales (Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sonora), en el registro del ingreso de lotes de dosis de vacunas, ya que se reportan cantidades de más, de menos, o sin registrar, conforme a lo distribuido por Birmex”.
Hay deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad, “por lo que no es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las personas vacunables y vacunadas”.
- Te recomendamos ASF documenta 49 mil mdp en probables daños al erario en Cuenta Pública 2020 Política
Si bien, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) cumplió con las disposiciones legales y normativas, hubo “deficiencias en el control y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en el ejercicio 2020 por el Censia para la adquisición, recepción, almacenamiento, y distribución de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.
“No se contó con la totalidad de la información de la recepción en territorio nacional, no obstante que de conformidad con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Censia participó en dichas actividades”.
Sobre “el almacenamiento de la vacuna Pfizer, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología que fue el encargado de resguardar las dosis de la vacuna, y por otra parte, de la vacuna AstraZeneca existen diferencias en los números de dosis y de lote de la vacuna, al comparar la información proporcionada por el Censia contra la de la Cofepris, y del número de lote contra la de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex); asimismo, el Censia no dio seguimiento a las acciones realizadas por Birmex relativas al transporte, almacenamiento, acondicionamiento y destino de dicha vacuna”.
La Secretaría de Salud y el Censia “no contaron con información completa, actualizada y confiable” sobre las dosis de vacunas que se cubrieron con recursos del ejercicio 2020.
Mecanismo Covax
La Secretaría de Salud “no proporcionó información y documentación”, tampoco “información completa, actualizada y confiable” sobre el total de las dosis de la vacuna contra covid-19 recibidas y distribuidas hasta 2020, tanto de Pizer como las adquiridas a través del mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud, asimismo, no aclaró los motivos de dar dosis extras a seis entidades de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
“No es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las personas vacunables y vacunadas”, de acuerdo con el dictamen del órgano fiscalizador.
Luego de destinar 3 mil 466 millones 131.6 de pesos como anticipo al organismo Gavi Alliance, a través del mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud en este caso como en otros acuerdos no otorgó “información completa del total de las dosis de la vacuna recibidas y distribuidas; adicionalmente, se determinaron deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información en dichos sistemas”.
Pfizer
En relación de la recepción de la vacuna Pfizer, se observó que al 31 de julio de 2021, (corte de información de la auditoría) no se proporcionó la totalidad de la información de salidas: “19 coordinadores de las brigadas especiales estatales recibieron dosis de vacuna de más, de conformidad con lo reportado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), de lo que no se proporcionó la evidencia documental de la distribución de éste a 6 entidades federativas; y de la coordinación del estado de Sinaloa no se proporcionó información de la recepción de dichas dosis.
El costo sigue sin transparentarse a pesar de ser recursos del ejercicio 2020, “la Secretaría de Bienestar no proporcionó información y documentación del sistema de información, gestión y resguardo de censos de la población general de la que es responsable de dichas funciones según lo señalado en la Estrategia Operativa citada; asimismo, la Secretaría de Salud no contó con información completa, actualizada y confiable en sus sistemas “Ambiente de Administración y manejo de atenciones en salud” (AAMATES) y el sistema CV Covid, y tampoco contó con información completa del total de vacunas recibidas y distribuidas.
“Adicionalmente, se determinaron deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información en dichos sistemas, por lo que no es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las personas vacunables y vacunadas”.
Recursos sin justificar por Cenaprece
Las auditorías no están orientadas a la fiscalización de una política pública convencional, sino en función de las atribuciones y acciones realizadas por el Cenaprece y con un propósito constructivo.
En el dictamen de evaluación: “se identificaron debilidades en la normativa emitida para regular las operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución de las vacunas contra el virus SARS-Cov-2, toda vez que en la estrategia operativa de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de covid-19 en México (Operativo Correcaminos) no está considerada la participación de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México; del Instituto Nacional de Cancerología, y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, los cuales, en el ámbito de sus atribuciones, participan de forma activa en el almacenamiento, transporte y distribución de vacunas a las entidades federativas para su aplicación”
Se identificó que el Instituto de Salud para el Bienestar no participó en la logística para el transporte y resguardo de vacunas según se estableció en dicha estrategia, además, el Convenio General de Colaboración formalizado entre siete entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, dejaron en calidad de opcional los intercambios de información, actividades por realizar, calendarios de trabajo, alcances, compromisos, responsabilidades y entregables a que se compromete cada una de las partes. “No fue realizado por ninguna de los participantes”.
“El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) no contó con un convenio de colaboración formalizado con el Instituto Nacional de Cancerología, en el cual se precisen y regulen los mecanismos, compromisos y obligaciones de cada una de las partes que deben seguir para el control del almacenaje de las vacunas contra el virus SAR-CoV-2”.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se identificó que al programa presupuestario “Prevención y Control de Enfermedades” se le asignó un presupuesto de 533 millones 978 mil pesos para actividades relacionadas con la promoción de la salud y prevención y control de enfermedades y para la organización e integración del Sistema Nacional de Salud.
De los cuales, el 24.4 por ciento (130 millones 183) correspondió al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), sin que pudiera identificarse el recurso que se destinó a través de este programa a la atención de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 al tratarse de un asunto de emergencia.
El Cenaprece precisó que, en 2020, no se ejercieron recursos para la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), ni de ningún otro programa, la auditoría se enfocó en la evaluación de las funciones específicas que le fueron encomendadas en el marco de la epidemia.
“Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la Cámara de Diputados estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, además puntualizaciones normativas para la operación del sector.
“Asimismo, se emitieron recomendaciones para fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. La atención de las recomendaciones al desempeño y las sugerencias para la Cámara de Diputados contribuirán a que, tanto en su operación ordinaria como en su intervención ante futuras situaciones de emergencias en salud que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general, como la ocurrida por el virus SARS-CoV2, la Secretaría de Salud fortalezca su papel como coordinador del Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar el ordenado y correcto funcionamiento del sistema, que prevea políticas y estrategias nacionales en materia de coordinación intra e intersectorial, promoción de la salud y prevención de enfermedades, protección contra riesgos sanitarios, vigilancia epidemiológica y atención médica.
“Se identificó que, en su carácter de órgano desconcentrado dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, es responsable de proponer políticas y estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud, de urgencias y desastres en salud, y evaluar su impacto; así como supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el impacto de las medidas de prevención de enfermedades; fomentar y coordinar la prevención y control de enfermedades e instrumentar directamente o en coordinación con las autoridades sanitarias de las entidades federativas, las medidas específicas para prevenir y combatir los daños a la salud, particularmente en situaciones de emergencia, desastres o urgencias en salud".
FS