El 15 de abril de 2022, Karla, Magda y Areli fueron detenidas durante un operativo que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para recuperar la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que permanecía tomada desde septiembre del 2020 por distintos grupos.
En entrevista para MILENIO, Karla y Magda contaron su experiencia desde el momento de su detención hasta ahora, donde pese a que ya están libres, las acusaciones en su contra persisten tanto en la Fiscalía General de la República como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Fue hace un año y tres meses cuando ambas, junto con su compañera, se encontraban en el interior del inmueble; de repente empezaron a escuchar ruido y, al asomarse por la ventana, se dieron cuenta de que estaban rodeadas por policías.
Las jóvenes aseguran que durante el cateo las autoridades les aseguraron que únicamente iban en busca de un teléfono celular que presuntamente las jóvenes se habían robado durante una agresión a un vehículo que se dio dos días antes de la detención; sin embargo, ya una vez que las bajaron del primer piso del inmueble, comenzaron a agredirlas física y verbalmente.
"Magda grita, esa es una violación a nuestros derechos humanos, él (policía) se burla y dice, pero si ustedes ya no tienen derechos humanos, y en ese momento nos arrancan la capucha de la cara y nos jalan del cabello", contó Karla.
Posteriormente, las tres fueron trasladadas a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, donde se les acusó de delitos contra la salud, ya que presuntamente durante la recuperación del inmueble se habían encontrado varios paquetes con mariguana y aunque la defensa de las jóvenes argumentó que dicha acusación fue fabricada por las autoridades, la Fiscalía General de Justicia aseguró que todo se hizo conforme a derecho y fueron vinculadas a proceso.
"Nuestra defensa nos dijo que lo más común que le imputan a las personas para detenerlas es la posesión simple, que es narcomenudeo por mariguana, nosotras dijimos bueno es imposible que nos puedan procesar porque ninguna de nosotras traía mariguana y fue impactante cuando te dicen te van a trasladar a un reclusorio, porque sabes que no eres una delincuente y lo teníamos bien claro", precisó Magda.
Posterior a la vinculación, Areli decidió llevar su defensa de manera independiente, sin que hasta el momento se sepa más de su proceso; mientras que Karla y Magda son representadas legalmente por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Durante el tiempo que estuvieron privadas de su libertad en Santa Martha Acatitla, las jóvenes fueron apoyadas por distintas colectivas e incluso se creó la agrupación "Libres Ya" para que fueran liberadas.
"Nos llenaba escuchar los gritos de las compañeras diciendo las queremos libres, las vamos a tener libres, a mí, mi hermana me decía, esto puede tardar, pero no te vamos a dejar ahí, entonces para mí esa era una fortaleza porque al principio yo decía no voy a aguantar esto, a pesar de que la cabeza te come con ideas muy feas, yo sabía que había una red afuera esperándome", dijo Magda.
Como parte del proceso de reparación del daño para obtener su libertad, en enero pasado, por medio de una carta, Magda Soberanes y Karla Tello ofrecieron una disculpa pública, en donde reconocieron que la violencia ejercida contra el carro de una profesora de la UAM al exterior de la Okupa había sido injustificada.
"Hemos reflexionado sobre la violencia injustificada que ejercimos ese día sobre una mujer y su patrimonio. Estamos convencidas que rebasamos y quebrantamos el límite y que nuestras reivindicaciones y derechos no pueden ni deben ser pretexto para lo que aconteció ese día", precisaron en la carta que se compartió por medio de las redes sociales de Libres Ya.
El 25 de febrero de 2023, 10 meses después de que fueran detenidas, una jueza determinó otorgarles la libertad condicional a Karla y Magda, esto luego de que la defensa de las jóvenes pudiera acreditar que no tenían riesgo de fuga ni eran un peligro para la sociedad.
Sin embargo, pese a que lograron obtener su libertad, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia levantaron una denuncia para acusarlas de daños al patrimonio por la toma del edificio en 2020, en el cual ninguna de las dos estuvo presente
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada en la calle de República de Cuba, fue tomada el 4 de septiembre de 2020 por colectivas y activistas feministas, quienes exigieron justicia y respeto para las víctimas de la violencia de género.
Entre los rostros visibles del inicio de esta toma estuvo el de Yesenia Zamudio, madre de Marichuy Jaimes, quien fue víctima de feminicidio en 2016; y también el de Erika Martínez, quien, junto con otras feministas y madres de víctimas, pretendió subastar el cuadro de Francisco I. Madero que fue “intervenido” por su propia hija, víctima de abuso, al pintarle flores, los labios rojos y el cabello morado.
En caso de que la acusación hecha por la CNDH y el INAH proceda, ambas podrían regresar a prisión, pero además deberán pagar una reparación del daño por las afectaciones que tuvo el inmueble durante el tiempo que estuvo tomado.
Al respecto, la CNDH emitió un pronunciamiento el pasado 21 de junio, en donde dijeron que la institución no realiza ningún tipo de persecución y que el proceso que iniciaron se está llevando a cabo conforme a derecho de las personas que ocupaban el inmueble al momento de la recuperación, lugar en donde acusan ocurrieron presuntos actos delictivos y se desaparecieron expedientes de víctimas.
La próxima audiencia del caso se llevará a cabo el 24 de agosto del 2023 en la Ciudad de México; mientras tanto, Karla y Magda podrán continuar su proceso en libertad, sin embargo, para ellas este es un claro mensaje de cómo se busca criminalizar a las mujeres que alzan la voz frente a la violencia y la impunidad, ya que ambas eran activistas previo a su detención.
EHR