La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene listo el proyecto de dictamen para extinguir siete organismos autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Considera igualmente la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
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La comisión legislativa presidia por Morena prevé discutir y votar el dictamen en agosto, a fin de que la próxima legislatura, con mayoría calificada de Morena y aliados, lo apruebe en el pleno durante los primeros días de septiembre.
De acuerdo con el proyecto distribuido a los legisladores integrante de dicho grupo de trabajo, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador parte de la necesidad de replantear la organización administrativa del Estado mexicano para hacerla congruente con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia, así como el derecho a una mejor administración pública.
“Desde su creación y hasta 2024, se les ha asignado a los organismos que se pretende extinguir la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y, en la mayoría, se ha presentado un incremento anual en su presupuesto”, puntualiza.
Según el dictamen en sentido positivo, las funciones de los organismos autónomos serían absorbidas por dependencias de la administración pública federal, resolviendo presuntas duplicidades.
Así, la tutela del derecho de acceso a la información y protección de datos personales a cargo del INAI pasaría a la Secretaría de la Función Pública y órganos de control de los poderes Legislativo y Judicial, así como de otros organismos autónomos.
Las facultades y atribuciones de la Cofece quedarían bajo la responsabilidad de la Secretaría de Economía; las del IFT, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y la del Coneval, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
A su vez, las funciones de la CRE y la CNH pasarían a la Secretaría de Economía, mientras las de Mejoredu serían asumidas por la Secretaría de Educación.
El proyecto de la Comisión de Puntos Constitucionales sostiene que la extinción de los organismos autónomos como la Cofece y el IFT no representa ninguna violación al Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, como han advertido especialistas en la materia.
“La extinción de los órganos constitucionales autónomos del proyecto de decreto no transgrede las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC, toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones”, señala.
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