La diputada panista Teresa Castell impugnará la resolución con que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la declaró responsable de violencia política de género por referirse en masculino a la diputada transexual morenista Salma Luévano.
Advirtió que apelará dicho fallo ante la Sala Superior del órgano jurisdiccional e incluso ante instancias internacionales, de ser necesario.
“No, no lo voy a aceptar, me voy a las instancias internacionales, yo espero que México sea una muestra cuando se pone un antes y un después en los derechos de la mujer, no permitir que se sigan perdiendo, como lo han estado permitiendo”, puntualizó.
En conferencia de prensa, la legisladora del PAN sostuvo que la figura de violencia política de género se creó como un mecanismo de protección para las mujeres, así como garantía de su acceso a espacios de toma de decisiones.
No obstante, dijo, ahora vemos que, lejos de darles seguridad, se utiliza contra ellas.
“Como legisladora puedo hacer uso de mi derecho y de las facultades propias de mis labores para generar todo tipo de iniciativas, pues mi deber es explicarle a la ciudadanía las afectaciones que existirán si nos quedamos calladas”, dijo.
Acompañada por representantes de diversos colectivos de mujeres, Castell remarcó que seguirá llevando el tema a debate y a las últimas consecuencias legales, hasta que la justicia vuelva a establecer condiciones de igualdad y nos garantice nuestra libertad de expresión.
“La verdadera discriminación se da cuando se rompe la igualdad y a unos cuantos se les permite sin ninguna justificación decir lo que sea, mientras que a nosotras nos quieren sumisas y calladas como siempre”, remarcó.
La representante por el Estado de México apeló a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la impugnación tramitada conforme a sus derechos como mujer y su tarea como legisladora.
En su turno, las activistas encabezadas por Alejandra Yáñez y Paulina Mendoza exigieron a los legisladores priorizar políticas públicas para resolver los verdaderos problemas que afectan a las mujeres: ausencia de justicia, violencia, impunidad, inseguridad, inexistente atención a la salud integral, pobreza y desigualdad de oportunidades.
Informaron que ayer miércoles entregaron una carta con más mil 200 firmas a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para inconformarse con la resolución contra Castell y les dieron la posibilidad de tener una audiencia con el magistrado presidente el próximo martes 23 para exponer sus argumentos.
EHR