Laura Ballesteros Mancilla, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el establecimiento de mecanismos extraordinarios para garantizar la independencia judicial, luego de la resolución que dictó y en la que ordenó a jueces revisar de oficio sus determinaciones y revocar aquellas que invadan la materia electoral, pero no las que afecten los derechos humanos.
La legisladora acudió a la Corte para presentar un documento, ya que aseguró que los ministros pasaron toda la “presión” a los juzgadores.
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“Toda la presión, no solamente jurídica, sino también toda la presión del Estado, como sabemos que ha estado sucediendo en últimos días”, mencionó.
Ballesteros Mancilla dijo que no se puede cerrar los ojos ante las presiones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual pretende que se emprendan procesos penales contra los juzgadores que otorgaron suspensiones contra la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“No podemos olvidar el caso de la jueza Nancy (Juárez), el caso de la jueza Angélica, que al emitir estas sendas sentencias han recibido todas las presiones del Estado. Incluso revisiones de cuentas bancarias, estas presiones que en estados autoritarios se producen, pues están sucediendo con los juzgadores y en este proceso atropellado de la tóxica y mal llamada reforma judicial con la sentencia de la Corte emitida la semana pasada, los vuelve a poner en riesgo”, añadió.
La petición, abundó, tiene como propósito garantizar la autonomía y la independencia del Poder Judical, misma que está establecida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, y que menciona que es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia defender esta independencia y autonomía de los juzgadores.
“Hay que decir también de manera muy concreta que nos preocupa que las sentencias sean todas reconvenidas por estas presiones y eso dejaría a las personas mexicanas, a todas las ciudadanas y los ciudadanos en una etapa de indefensión ante nuestros derechos, porque como también podemos observar la reforma, la mal llamada reforma al Poder Judicial, además de que ha estado mal llevada en el propio proceso aprobado por Morena, el propio proceso constitucional aprobado por Morena, tampoco ha sido aplicada en 14 estados de la República.
“…Yo sí les quiero decir que no sería la primera vez que las Suprema Corte y que los ministros se metieran a garantizar los derechos de las personas. Incluso (Arturo) Zaldívar en su momento, cuando fue ministro de la Corte atrajo el asunto de la guardería ABC y personalmente estuvo garantizando la revisión de los derechos a este respecto de sentencias y también de las personas víctimas”, agregó.
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