Proponen que no prescriban los delitos cometidos por servidores públicos corruptos, pues la imposibilidad de ejercer acción penal por el paso del tiempo, abre espacios a la impunidad y causa que muy pocos sean castigados conforme a la ley.
Por tal motivo, se plantea la necesidad de que delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, entre otros, no prescriban.
Para ello, la diputada federal por Tampico, Olga Sosa Ruiz propone adicionar un artículo 213 bis 1 al Código Penal Federal, reforma que impedirá a los corruptos evadir su responsabilidad.
“Extinguir la responsabilidad penal por el simple transcurso del tiempo rompe con la seguridad jurídica. Muchos servidores públicos involucrados en actos de corrupción gozan, en determinado momento, de la prescripción que la ley otorga, hay que fortalecer el marco jurídico y no dejar espacio a quienes se aprovechan de estos plazos”.
Mediante una iniciativa con proyecto de decreto llevada a la Comisión Permanente, la legisladora señaló que en 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo de 2016 a 2019, ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en el país.
“El tiempo de prescripción de los delitos es corto. Existen numerosos casos en los que aún cuando se alcanzó a reunir la evidencia de un delito, ya no puede hacerse nada porque el tiempo para perseguirlo expiró”.
Olga Sosa sostuvo que el problema en México es la impunidad que impera, no únicamente para quienes cometen actos corruptos, sino para quien realiza un delito en general, pues la probabilidad de que reciba un castigo es muy baja en comparación con otros países.
“La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señala que cualquier ley de prescripción aplicable a delitos de corrupción cometidos por un servidor público, deberá permitir un plazo adecuado para la investigación y el enjuiciamiento del mismo”.
Sosa Ruiz puntualizó que diversos países han adoptado medidas con el fin de cumplir el compromiso de ampliar los plazos de prescripción para delitos de corrupción.
“Ecuador y Bolivia han ido, incluso, más allá, contemplando la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por servidores públicos”, finalizó. Su propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.