Una iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado para establecer la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho en casos de violación sexual, presentó este martes la diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón Perales.
Según la legisladora, su propuesta contempla una reforma al artículo 19 de la Ley para la Atención a Víctimas del Delito de Nuevo León, para con ello buscar un acceso rápido y expedito a este derecho cuando se trate de una violación sexual denunciada ante la autoridad investigadora.
Admitió que el Código Penal del Estado ya permite el aborto para los casos de violación o en situaciones donde la madre o el producto estén en grave riesgo, sin embargo, no siempre aplica debido a desconocimiento de la ley o por creencias religiosas particulares.
Eso provoca, agregó, que en algunos de los casos el personal médico se niega a realizar la interrupción del embarazo.
“El acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sigue siendo muy limitado, a pesar de estar reconocido en el marco jurídico nacional e internacional. Por lo que en muchas ocasiones, niñas y mujeres se ven obstaculizadas para ejercer sus derechos fundamentales debido al desconocimiento por parte del personal médico del marco jurídico en el que su actuación como profesionales de la salud debe enmarcarse. De esta forma, es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de interrupción del embarazo es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo.”, explicó Karina Barrón.
“Es urgente que las autoridades de salud, de procuración e impartición de justicia apliquen la normativa vigente en materia de acceso a servicios de interrupción del embarazo por violación sexual y así́ garanticen los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la salud, a la vida privada, a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia”, comentó.
Pretende con esta propuesta homologar la Ley de Víctimas del Estado con el marco federal en la materia, para dejar expresamente establecido que el Ministerio Público, basado en la voluntad de la víctima, acuerde la interrupción voluntaria del embarazo dentro del término de 90 días de gestación, cuando sea resultado de una violación, siempre que previamente haya sido denunciado dicho delito, conforme a lo dispuesto en el Código Penal local.