Silvia Sánchez Barrios, diputada del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Comisión de Derechos Humanos (CDHCM) a unificar protocolos de denuncias orientados a privilegiar los derechos humanos de los repartidores por aplicación, enfocándose en prevenir el acoso y la violencia de género.
Ante el pleno, la legisladora detalló que de acuerdo con datos proporcionados por el grupo "Ni una repartidora menos" en los dos últimos años han muerto por atropello, 59 repartidoras; además, dijo que sufren de nalgadas, frases obscenas, intentos de violación, robos y extorsiones día a día.
“Este viacrucis que sufren las mujeres durante su trabajo también lo padecen los repartidores, pues a ellos los extorsionan grupos delincuenciales, los golpean sino le entran con el cobro de piso, por si fuera poco, son asaltados y asaltadas, en varias ocasiones el cliente las recibe desnudo e incluso hay quienes las quieren violar”, señaló la diputada.
Indicó que los colectivos surgidos hace pocos años, de los repartidores de aplicaciones estilo DiDi, Uber, Rappi, Sin Delantal o similares, sufren una serie de problemáticas que debilitan el ejercicio de los derechos humanos de cada individuo.
“No solo sufren la discriminación en establecimientos o la negación del acceso a ciertas áreas de restaurantes o centros comerciales esenciales para cumplir con sus pedidos, sino que es recurrente los temas de acoso y hostigamiento en especial a repartidoras por parte de compañeros del trabajo o clientes”, insistió Sánchez.
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Mencionó que la problemática no termina en estos casos, sino que se amplía al no existir protocolos ni formas de canalización adecuadas para acabar y castigar con este tema, además de elementos policiacos que desestiman las denuncias y situaciones de violencia hacia estas mujeres.
Silvia Sánchez Barrios agregó que se buscará por todos los medios que estas personas repartidoras cuenten con un salario, acceso a la seguridad social y derecho de asociación.
EABZ