La diputada local Citlali Jaramillo Ramírez dio a conocer que, de acuerdo con los municipios, cuentan con un total de 311 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 222 se encuentran fuera de funcionamiento y solo 89 están en operación.
Indicó que las principales razones por las que las plantas no están en operación son: la falta de infraestructura; obra inconclusa; falta de recurso para su correcta administración y funcionamiento; y condiciones deficientes de diseño de la planta.
“Ante el análisis de las respuestas emitidas por los municipios (a través de solicitudes de información) es que resulta conveniente que se empiecen a diseñar las políticas y estrategias que permitan gozar de los derechos humanos al agua, saneamiento y a un medio ambiente sano”, sostuvo.
Recordó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2024 el gobernador del estado destinó algunos recursos para el tema de las plantas tratadoras en los presupuestos de la Comisión de Agua, Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales (CAASIM) y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA), “sin embargo, también es importante que los municipios sean corresponsables del tema”.
Mencionó que de los 84 municipios del estado 62 de ellos señalaron que actualmente no están aplicando la NOM-001- SEMARNAT-2021, la cual establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, “es decir el 73 por ciento de los Ayuntamientos son omisos”.
Agregó que las principales razones por las cuales no aplican las normas son: falta de recursos económicos para realizar las modificaciones técnicas; falta de capacitación; y no cuentan con plantas en funcionamiento.
Jaramillo Ramírez consideró que resulta urgente que se empiecen a generar planes y acciones en materia de saneamiento, en el cual estén involucradas sociedad y gobierno, ya que el cuidado al agua es un tema que cobra vidas.
Ante ello, planteó un acuerdo económico ante el Pleno del Congreso local para exhortar a los 84 municipios del estado para que en el ámbito de sus competencias agilicen sus acciones en la aplicación de la NOM-001-SEMARNAT-2021.
Además de exhortarlos para que dentro de sus presupuestos municipales del año 2024 y subsecuentes destinen los recursos necesarios para la rehabilitación y funcionamiento de sus plantas tratadoras de aguas residuales.
Citlali Jaramillo explicó que el tratamiento de aguas residuales es un servicio que consiste en la separación de la carga orgánica que contiene este tipo de agua, eliminando al máximo la cantidad de residuos y contaminantes, buscando con ello no perturbar el equilibrio de la naturaleza, al tiempo de precisar que el saneamiento de las aguas residuales es la segunda parte más importante después del abasto del agua potable.
“El agua es un derecho fundamental de todas y todos, es por ello que debemos tocar el tema como un bien social y cultural y no sólo como un bien económico”, enfatizó la diputada.