Luego que solicitó licencia a su cargo durante cinco meses, la diputada del Verde Ecologista de México, María Guadalupe Cruz Montaño, quien fue señalada de un supuesto mal manejo de los recursos del Congreso de Hidalgo destinados a gestión social, retomó su curul y descartó haber cometido alguna irregularidad. Su equipo jurídico agregó que está dispuesta a comparecer luego que la contraloría interna inició una investigación.
La legisladora, quien solicitó licencia en octubre de 2025, regresó al Congreso local durante el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones este martes, acompañada de su equipo jurídico con la finalidad de llevar a cabo todas las investigaciones.
“Confiamos en que todo se va a esclarecer”, dijo.
Durante entrevista, Cruz Montaño expuso que por voluntad propia solicitó licencia para “hacer mis propias indagatorias de los hechos que habían sucedido previo a incorporarme”, dijo y evitó abundar en las investigaciones por motivos de confidencialidad.
Al ser cuestionada sobre si incurrió en un mal uso de los recursos del Poder Legislativo, la diputada lo descartó; sin embargo, agregó que tenía un equipo que se encargaba de dicho proceso, por lo que estará llevando a cabo todos los trámites legales correspondientes.
Además, Noe Franco Hernández, abogado de la legisladora, resaltó que la diputada está en la disposición de comparecer durante el proceso, así como deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos. Agregó que hasta el momento no ha sido llamada por la Contraloría interna del Congreso de Hidalgo.
Anteriormente, el Congreso local se deslindó del uso, destino o aplicación que Cruz Montaño haya realizado respecto a los recursos públicos que le fueron entregados durante el ejercicio de sus funciones legislativas.
Precisó que dichos recursos fueron otorgados con el propósito de atender necesidades sociales y apoyar actividades vinculadas al trabajo parlamentario, en estricto apego a los mecanismos presupuestales vigentes.
No obstante, reiteró que la correcta aplicación, manejo y comprobación de los recursos públicos es una responsabilidad directa e individual de cada diputada y diputado, sin que el Poder Legislativo intervenga en su ejecución.
Los legisladores están obligados a presentar la comprobación correspondiente, conforme a los plazos, requisitos y disposiciones administrativas, al garantizar en todo momento la transparencia y rendición de cuentas.
Por tanto, la autoridad legislativa no avala, respalda ni asume responsabilidad alguna sobre acciones u omisiones que se encuentren fuera del marco legal, normativo y administrativo aplicable, al señalar que cualquier irregularidad en el ejercicio del gasto debe ser atendida conforme a los procedimientos establecidos y por las instancias competentes.
La contraloría interna ya inició las diligencias de investigación para esclarecer cualquier presunta irregularidad administrativa en el Poder Legislativo, como una posible malversación de recursos públicos o la falsificación de documentos cometida por servidores.
La etapa de investigación es estrictamente reservada, por ello se debe garantizar la secrecía del proceso y el principio de presunción de inocencia. Por esta razón, y para no entorpecer el curso de las indagatorias ni incurrir en responsabilidades, no se pueden compartir detalles específicos, nombres o avances de la misma.