Alejandro Robles, diputado de Morena, presentó una iniciativa de reformas para castigar hasta con 16 años de prisión a quienes utilicen a personas en situación migratoria irregular con fines políticos o electorales, como a su juicio ocurrió durante el cierre de precampaña del aspirante panista al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, el pasado 3 de enero.
Recordó que al menos una decena de migrantes haitianos asistió a dicho acto con playeras y banderas del PAN. Robles sostuvo que existen operadores políticos encargados de “acarrear” migrantes a los mítines de Acción Nacional, entre ellos Francisco Ruiz Romo, actualmente coordinador del Centro de Servicios y Atención Ciudadana en la alcaldía Álvaro Obregón.
“Es factible deducir y existe la posibilidad de que haya en el PAN una red dedicada al tráfico de personas y explotación laboral, que podría estar siendo operada por prominentes miembros de ese partido, como Santiago Taboada y Francisco Ruiz Romo”, acusó.
En la exposición de su propuesta, el legislador morenista aseguró que existe “evidencia concreta” de que personas en situación de vulnerabilidad por su estatus migratorio están siendo usadas y explotadas laboralmente, pues posiblemente les fue otorgado un salario con el condicionamiento de ir a apoyar a Taboada en su cierre de campaña, lo cual, además, atentó contra su dignidad.
Por ello, Robles presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su proyecto de reformas a las leyes de Migración, General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, así como General en Materia de Delitos Electorales, a fin de sancionar con cárcel a quien, “aprovechándose de la situación migratoria irregular y desventajosa de una o varias personas, los utilice para obtener un beneficio o ventaja de naturaleza política o electoral”.
La propuesta prevé asimismo imponer a los responsables una multa de entre 5 mil y 15 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 542 mil 850 a un millón 628 mil 550 pesos.
Se propone asimismo revocar el registro de la postulación o candidatura del aspirante a cargo de elección en caso de que se aproveche de un migrante para posicionarse.