Tras siete horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en sustitución del Seguro Popular, y turnó el proyecto al Senado para su análisis y eventual ratificación.
"Al momento 237 votos a favor, 82 en contra y 0 abstenciones. Aprueban, general y particular, dictamen que reforma Leyes General de Salud, y de los Institutos Nacionales de Salud, para crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Pasa al @senadomexicano".
Durante la discusión en lo particular, el pleno admitió tres propuestas de modificación al dictamen.
Una de ellas, presentada por Morena, para darle al gobierno federal la posibilidad de retener las participaciones de los estados que incumplan el pago de sus aportaciones al Insabi.
“En caso de incumplimiento respecto de la aportación a que se refiere la fracción VI del presente artículo, las participaciones de la respectiva entidad federativa se podrán afectar como fuente para cubrir dicha aportación; lo anterior se deberá establecer en los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo”, señala la reserva fundamentada en tribuna por el morenista Manuel Huerta.
Asimismo, a propuesta del PES, se concedió un plazo de tres años para que el Insabi rinda su primer informe al Congreso de la Unión sobre los avances en la cobertura universal de los servicios de salud.
El priista Fernando Galindo y el panista Éctor Jaime Ramírez cuestionaron la proposición por considerarla una medida de opacidad y falta de transparencia, sino incluso violatoria de la Constitución, que establece la rendición anual de cuentas.
La tercera modificación, promovida por la legisladora priista Dulce María Sauri, tiene el propósito de garantizar la integración de una Junta de Gobierno incluyente con mujeres y hombres al frente del nuevo organismo.
Las reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud establecen que la gratuidad de los servicios y medicamentos será financiada, de manera solidaria, por la federación y las entidades federativas.
Las reformas subrayan asimismo que la protección a la salud será garantizada por el Estado bajo criterios de universalidad e igualdad, y deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos.
Prevén además la creación del Fondo de Salud para el Bienestar, como un fideicomiso público destinado a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, a las necesidades de infraestructura y a complementar los recursos para el abasto y distribución de medicamentos e insumos.
Con información de Elia Castillo
AE