Con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política para prohibir a quienes ocupen el cargo de presidente de la República, gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México tener o adquirir otra nacionalidad, además de la mexicana.
En caso de tenerla, establece el dictamen, los aspirantes a dichas posiciones deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato o candidata.
Entre calificativos de "narcogobernantes" y "traidores a la patria", así como pancartas en tribuna, las bancadas de Morena, PVEM y PT respaldaron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras los legisladores del PAN, PRI y MC rechazaron el dictamen.
Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, argumentó que la reforma busca garantizar la lealtad del Poder Ejecutivo solo a los intereses de México.
“El objetivo del dictamen es asegurar que toda persona que ejerza dicha titularidad no se vea influenciado ni inclinado a salvaguardar y proteger intereses provenientes de una segunda nacionalidad o de entes extranjeros”, puntualizó el morenista desde la tribuna.
No obstante, la oposición calificó de falso el argumento de exigir la nacionalidad única como un blindaje a la soberanía frente a injerencias externas, además de afirmar que la reforma excluye y estigmatiza a 43 millones de mexicanos residentes en el extranjero y con doble nacionalidad por razones laborales, familiares o de vida.
“El comandante supremo no debe tener dos banderas, cierto. Muchos de Morena tienen la bandera de México en el suelo y ondean orgullosos la bandera de los cárteles criminales. Defender a Rocha Moya es escupir la bandera, a la soberanía y a nuestros soldados que veneran la bandera tricolor. Ustedes ondean la de la Familia Michoacana, la de las cuatro letras del Cártel Jalisco Nueva Generación, las de los Zetas”, arengó el panista Germán Martínez.
Por el PRI, el diputado Alejandro Domínguez cuestionó los fines de la iniciativa presidencial:
“Esta reforma no protege a la patria. Esta reforma no protege la soberanía. Esta reforma vulnera la unidad de las y de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional. La lealtad a México, la lealtad de este país no se mide contando pasaportes, la lealtad se demuestra evaluando las conductas de funcionarios que están vinculados con el crimen organizado”.
¿En qué consiste la iniciativa?
De acuerdo con el dictamen avalado en lo general, la prohibición tendría vigencia a partir del proceso electoral correspondiente a 2028.
“Para ser presidente o presidenta, se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley”, establece
Señala asimismo que, quien ejerza el cargo, no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.
Subraya, además, que “quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante éste y el acogerse a su protección diplomática”.
La contravención de dicha disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de la Constitución, relativo a los procesos de juicio político y desafuero.
La reforma propuesta considera igualmente la prohibición de la doble nacionalidad para los aspirantes a las gubernaturas de los estados y Jefatura de Gobierno de la capital del país.
EHR