La Cámara de Diputados aprobó las nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de Protección de Datos Personales que, entre otros aspectos, consuman la extinción del INAI para sustituirlo con el organismo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo” dependiente de la Secretaría Anticorrupción.
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Después de que el pleno desechó un total de 105 reservas presentadas por legisladores de las diversas bancadas, la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro envió el decreto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Avalado en lo general y en lo particular con 331 votos a favor y 126 en contra, el dictamen establece que la Secretaría Anticorrupción se encargará de administrar, implementar y poner en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia con las solicitudes de información, la gestión de medios de impugnación, los portales de obligaciones de transparencia y la comunicación entre las autoridades garantes y los sujetos obligados.
La legislación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum obliga a los entes, organismos e instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno, así como organismos autónomos y partidos políticos a publicar en sus respectivos medios electrónicos la información sobre remuneraciones, gratificaciones, primas, dietas, bonos, gastos de representación y viáticos de los servidores públicos.
Asimismo, el número total de plazas y del personal de base y de confianza, contrataciones de servicios profesionales por honorarios, versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, metas y objetivos de programas operativos, así como indicadores sobre temas de interés público y trascendencia social, entre otras materias.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define, sin embargo, como información reservada aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social; pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, o pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, entre otras hipótesis.
“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción acreditados de acuerdo con las leyes aplicables”, señala.
Asimismo, por información confidencial se considera la que contiene datos personales concernientes de una persona física identificada o identificable, así como la información de personas físicas o morales protegidas por los secretos bancario, financiero, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal.
Aquí puedes ver la sesión:
Ahorro de mil 100 mdp
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía, sostuvo que la Secretaría Anticorrupción absorberá 80 por ciento del trabajo del INAI, pero con solo 35 ciento del costo de su estructura, lo que equivale a un ahorro anual para todas y todos los mexicanos de casi mil 100 millones de pesos.
Por Morena, la diputada Claudia Rivera defendió la extinción del INAI, que a su juicio se convirtió en un instituto caro, burocrático y opaco, y dijo que las nuevas leyes desmantelan el régimen de corrupción y simulación.
“Con estas reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora sí viviremos una auténtica transparencia, como lo decían ¡hasta el infinito y más allá!”, arengó.
En representación del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez advirtió que, con las nuevas leyes, se coloca el último clavo al ataúd del pilar para combatir la corrupción y garantizar que los ciudadanos puedan conocer cómo se usan sus impuestos.
“Con esta reforma el gobierno podrá argumentar que, por paz social o por interés del Estado. Esto significa que temas como los sobrecostos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o la compra de medicamentos, como está ocurriendo hoy en la llamada Birmex, van a quedar en la sombra, porque sin transparencia nuestros datos personales están en riesgo”, acusó.
Por el PRI, el legislador Arturo Yáñez denunció que la reforma desmantela la rendición de cuentas y pone en riesgo la verdad, pues se dice que es una medida de simplificación administrativa, pero la realidad es que centraliza el control de información al Ejecutivo federal.
“Si hay un caso que ilustra la importancia del acceso a la información es el del rancho Teuchitlán, Jalisco, porque las familias de los desaparecidos han usado la transparencia para obtener datos de investigaciones y exigir respuestas a las autoridades.
“¿Qué pasará con los casos de las desapariciones? ¿Qué derechos tendrán las familias de las víctimas cuando el gobierno pueda decir qué se sabe y qué no se sabe? Con esta reforma queda en mano la verdad del Ejecutivo permitiendo la impunidad y la corrupción”, señaló.
La legisladora Laura Ballesteros, de MC, presentó una moción suspensiva para frenar la discusión de las leyes que, en su opinión, representan un retroceso en materia de transparencia y roban a los mexicanos el derecho a la “no corrupción”.
“Nos dicen que no pasa nada, que confiar en el gobierno es suficiente y que con su buena voluntad no necesitaremos un organismo autónomo que nos garantice el acceso a la información. Pero, saben qué, eso es como pedirle a un zorro que cuide un gallinero. El gobierno no puede auto-vigilarse de sus propias corruptelas”, puntualizó.
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