En fast track, los diputados de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en la Cámara de Diputados un decreto para establecer que la difusión de la revocación de mandato no sea considerada propaganda gubernamental.
De esta forma, se permitirá a los funcionarios públicos promover la consulta de revocación de mandato, pese a la prohibición expresa para ello.
En sólo seis horas, la bancada morenista registró la iniciativa ante la Mesa Directiva, la presentó en tribuna y, con dispensa de todos los trámites, la discutió y aprobó en lo general con 268 votos a favor y 213 en contra.
Al fijar la posición de Morena en tribuna, el diputado Mario Miguel Carrillo advirtió que su bancada no permitirá que el Instituto Nacional Electoral (INE) silencie y amordace a los legisladores con el argumento de la veda con motivo de la consulta revocatoria.
“Desde aquí se lo digo a los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdova que no nos va a silenciar, no nos van a amordazar y mucho menos nos van a censurar”, arengó.
Por el PAN, el legislador Humberto Aguilar denunció que el proyecto pretende quebrar de manera definitiva el sistema de división de poderes sobre el que está constituido el Estado mexicano.
Sostuvo, sin embargo, que la “desvergonzada maniobra parlamentaria” no impedirá que la realidad siga día tras día, emergiendo a la luz pública y que estos esfuerzos se consideren anécdotas vergonzantes para la Cámara de Diputados.
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A nombre del PRI, Marcela Guerra rechazó categóricamente el “decretazo interpretativo” y a modo para el Ejecutivo, al tiempo de reservarse el derecho de impugnar la constitucionalidad de esa interpretación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ante tales irregularidades, desde este momento manifestamos que el PRI se reserva las acciones constitucionales que puedan ejercerse en contra de este decretazo interpretativo. No dejemos un precedente que violente el quehacer parlamentario, compañeras y compañeros, la dignidad del cargo de legislador nos obliga a actuar con responsabilidad para no vulnerar el Estado de Derecho”, remarcó.
El proyecto de decreto suscrito por el presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, y sus correligionarios morenistas Ignacio Mier y Mario Llergo define como “propaganda gubernamental” solamente aquella pagada con presupuesto público etiquetado para ese efecto.
Según el texto (de sólo tres artículos y uno más transitorio), “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.
Tampoco constituirían propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas.
EHR