Con 23 votos de Morena, PVEM y PT a favor, y diez de PAN, PRI y MC en contra, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la segunda 'Ley Antimemes' para sancionar con pena de uno a cinco años de prisión a quien reproduzca y utilice la identidad gráfica o dominios electrónicos de instituciones públicas para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.
Las bancadas de la oposición advirtieron que las modificaciones y adiciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial criminalizan la sátira, la parodia y la crítica política.
En tanto, el bloque oficialista calificó dichos señalamientos de falsedades, y sostuvo que la intención es castigar el fraude mediante la utilización de logos, emblemas o documentos oficiales.
La comisión dictaminadora turnó el dictamen a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, con la intención de discutirlo y votarlo mañana miércoles en el pleno.
Entre otros aspectos, el proyecto avalado ya por el Senado de la República adiciona el artículo 403 bis a la legislación en materia de propiedad industrial:
“Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.
Tensión en el debate legislativo
Al fundamentar el dictamen, el morenista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que el objetivo de la reforma es fortalecer la protección penal de los derechos de propiedad intelectual, combatir la piratería y falsificación, actualizar los mecanismos de reparación del daño y armonizar la legislación mexicana con los compromisos asumidos en el T-MEC.
El legislador Ricardo Mejía, del PT, denunció un uso “falso, tramposo, maniqueo y manipulador” del lenguaje por parte de la oposición para tergiversar el contenido de las reformas.
“Si me demuestran que viene algo contra los memes, yo voto en contra. No hay ninguna referencia al ejercicio periodístico, lo que se busca es combatir la piratería, la suplantación de identidad, las medidas fraudulentas, el robo al trabajo de creadores de autores y ahora eso de repente se convirtió en la 'Ley Antimemes'”, remarcó.
Sin embargo, en representación del PAN, la diputada Paulina Rubio afirmó que el texto reformado queda sujeto a la interpretación y serán los “jueces del malestar” impuestos por el oficialismo quienes definan si se aplica contra la libertad de expresión.
“Todo sería tan fácil cómo poner explícitamente que todo esto no aplica en contra de la libertad de expresión: ni caricaturistas, ni moneros, ni parodias, ni memes ni absolutamente nada, pero no quieren ponerlo y el problema es que ya existen ejemplos”, puntualizó.
Por el PRI, Arturo Yáñez puso entredicho la afirmación de que la reforma no persigue a los memes y solo busca evitar fraudes mediante el uso de la imagen institucional, por lo que retó a Morena y aliados a dejar por escrito que el periodismo, la caricatura, la sátira, la parodia y la crítica política quedan protegidos para que nadie confunda una burla con una suplantación para cometer un delito.
“Morena, si le molesta que se rían, revisen lo que están haciendo antes de revisar el Código Penal. Si no quieren ser el meme, dejen de ser el material”, arengó.
A nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Zavala advirtió a su vez que la redacción del dictamen mantiene abierta la posibilidad de que las instancias de procuración de justicia puedan interpretar el tipo penal para criminalizar prácticas como la sátira, la parodia y la comedia.
“La falta de precisión sobre los supuestos y alcances del tipo penal producen un evidente efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. No lo podemos permitir unos meses antes de que arranque el proceso electoral federal, porque queda la pregunta de si era solamente proteger las imágenes institucionales, por qué hacerlo ahorita, por qué hacerlo con estas medidas, por qué hacerlo antes de una elección”, acusó.
IYC