Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el paquete de reformas a diversas leyes en materia de protección a mujeres víctimas de violencia y eliminación de la brecha salarial por razones de género.
La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro turnó al Ejecutivo los proyectos de modificaciones y adiciones a las leyes generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, así como del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para su publicación y entrada en vigor.
Al fundamentar los dictámenes en tribuna, la legisladora morenista, Estela Piceno, subrayó que alrededor del 40 por ciento de las mujeres han declarado haber sido víctimas de algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja, es decir, casi 27 millones.
“De igual manera, en México hay más de 38 millones de niños y adolescentes que representan el 30 por ciento de la población y que son potencialmente víctimas de alguna de las violencias que todos estamos expuestos a sufrir”, puntualizó.
Por ello, las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia establecen los deberes reforzados del Estado y la coordinación entre gobierno federal, entidades y municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.
Además, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, se crea el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños como un instrumento de política pública tendiente a la erradicación de las violencias en contra de las mujeres, adolescentes, niñas y niños.
Las medidas u órdenes de protección tienen como propósito prevenir o hacer cesar un acto de violencia, o impedir la reiteración de este tipo de delito.
Además, en casos de peligro inminente o extrema urgencia, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá determinar la desocupación inmediata del domicilio conyugal por la persona agresora, independientemente de la posesión del inmueble.
Mientras tanto, las modificaciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres define la brecha salarial de género como la diferencia de retribución salarial entre mujeres y hombres por razones de género, respecto a la realización de un trabajo remunerado de igual valor.
Por ello, su objetivo es el fortalecimiento de la igualdad en materia de diseño, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas y medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación, en especial la salarial, en el sector público, privado y social.
ARR