El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta noche tres leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial que, entre otros aspectos, formalizan la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.
El nuevo marco jurídico instruye a la Suprema Corte de Justicia a trabajar en pleno, suprimiendo las salas especializadas para concentrar la toma de decisiones en el máximo tribunal integrado por nueve ministros, en lugar de once, a partir de septiembre de 2025.
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La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, turnó al Ejecutivo las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la nueva Ley de Carrera Judicial, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.
Al fundamentar los dictámenes, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, sostuvo que, con la expedición de estas leyes, se da un nuevo rostro al Poder Judicial de la Federación.
“Por una parte, se renueva dicho órgano constitucional, dándole un aspecto de juventud al convocar a nuevos elementos, hombres y mujeres, los cuales puedan desempeñar la labor jurisdiccional con nuevos bríos. Además, estas leyes secundarias se acercarán más a la sociedad para resolver sus problemas en materia de justicia, de combate a la inseguridad y a la corrupción”, señaló.
Aquí el mensaje:
En contraste, a nombre del PAN, la diputada Margarita Zavala advirtió que las leyes secundarias destruyen al Poder Judicial y su independencia.
“La justicia se entrega al mercado negro, al crimen organizado que coopta las instituciones. Eso es lo que hace este dictamen al anular al Poder Judicial. Ninguno de los dramas que vivimos en México de falta de justicia y de impunidad tienen solución en estas tres leyes. pero, además, nos dijeron que iban a simplificar las cosas y que el Consejo de la Judicatura era demasiado, pero crearon un órgano todopoderoso, creímos que era el Tribunal de Disciplina Judicial, pero no, es el órgano de administración de justicia”, acusó.
Aquí tu mensaje:
En representación del PRI, el legislador Alejandro Domínguez calificó la reforma judicial de inquisitoria, pues, dijo, el Órgano de Administración y el Tribunal de Disciplina Judicial tendrán el control de todo.
Cuestionó asimismo las acusaciones oficialistas de corrupción en el Poder Judicial, cuando en los hechos Morena ha perdonado a presuntos delincuentes.
“Ustedes le perdonaron las carpetas de investigación a (Miguel Ángel) Yunes, todas completitas, para ir a votar esta reforma constitucional. Ustedes le perdonaron y fueron, rescataron y le perdonaron a (Ignacio) Ovalle los 15 mil millones de pesos que se robaron en Segalmex. Y ustedes, el oficialismo en este pasado inmediato, fueron y rescataron en un restaurante de la Ciudad de México al delincuente chihuahuense, Javier Corral Jurado”, puntualizó.
Aquí su postura:
Aprobadas en lo general con 330 votos a favor y 123 en contra, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sustituyen al Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial, un ente con independencia y autonomía técnica y de gestión, y el Tribunal de Disciplina Judicial, como instancia responsable de investigar, sustanciar y resolver las denuncias por responsabilidades administrativas de los juzgadores.
A su vez, avalada con 325 votos a favor y 125 en contra, la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación define las bases para el desarrollo de la carrera judicial de los servidores públicas bajos los principios de independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización.
Establece el Registro Único de Personas Servidoras Públicas de la Carrera Judicial como un padrón con información básica y técnica en materia de recursos humanos del personal perteneciente a la carrera judicial.
Con 323 votos a favor y 126 en contra, las modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas señalan que los juzgadores observarán en el desempeño de su cargo los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos.
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