En busca de homologar la legislación en la materia en todo el país, la Cámara de Diputados celebró este miércoles el parlamento abierto sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la participación de servidores públicos, sociedad civil, activistas, familiares de víctimas de siniestros viales, cámaras empresariales y académicos.
El presidente de la Comisión de Movilidad, Salomón Chertorivski, subrayó que los trabajos para dictaminar el nuevo ordenamiento empezaron desde el momento en el grupo recibió la minuta avalada ya por el Senado de la República.
“Estamos convencidos de que lo más importante es tener una primera normatividad marco en materia de movilidad, pero se requiere tener un diálogo para seguirla mejorando”, dijo.
Durante la inauguración del parlamento abierto, el coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Sedatu, Álvaro Lomelí, celebró el dialogo plural, transparente y abierto para discutir y escuchar las diferentes voces con el fin de reforzar algunos aspectos de la legislación y localizar las debilidades que pueda tener.
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En materia de seguridad vial, recordó que México ocupa el séptimo lugar mundial y el tercero en América Latina por el número de muertes y siniestros viales.
Urgió por ello a mejorar las condiciones, no sólo del transporte, sino también de la infraestructura en las ciudades para reducir esos indicadores.
Lomelí llamó, igualmente, a dar acompañamiento a estados y municipios para homologar la ley y, sobre todo, aterrizarla en los contextos locales de cada entidad, municipio y región, atendiendo las diferencias entre unos y otros.
En su turno, Alejandra Leal, representante de la Coalición de Movilidad Segura, manifestó el interés de la sociedad civil en acompañar el proceso de esta ley.
“Lo que nos une es que ninguna muerte o lesión grave por siniestros de tránsito que pudieron haber sido prevenibles es aceptable, sobre todo si esta situación puede cambiar”, remarcó.
El senador Eli Cervantes, secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, puntualizó que el objetivo es que la movilidad no sea un privilegio, sino un derecho humano: “esta ley no solo contempla a zonas urbanas, sino a las insulares y rurales donde hay problemas para movilizarse”.
EHR