Por unanimidad de 16 votos a favor, la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Armada de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el Código Penal Federal en materia de delincuencia marítima.
La Junta Directiva de la comisión, presidida por el morenista Jaime Martínez, turnó el dictamen a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno.
Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Armada de México establecen como atribuciones de la institución militar implementar, en nombre del Estado mexicano, a través de sus unidades de superficie y aeronavales, el derecho de visita y de persecución, en términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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Prevé asimismo las acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones, en general, las medidas establecidas en los tratados internacionales en materia de combate de actos ilícitos cometidos en el mar.
En conformidad con el protocolo de actuación del personal naval en funciones de Guardia Costera, se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos relacionados cuando se presente la posible comisión de un hecho que la ley señale como delito.
Los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal precisan que corresponde a la Secretaría y Protección Ciudadana, emprender las acciones y medidas previstas en los tratados internacionales en materia de combate a los actos ilícitos cometidos en el mar.
Adicionalmente, las reformas a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza definen como “amenazas letales inminentes” a lanzar objetos contra las unidades de superficie de la Armada de México, con la intención de hundirlas, o acciones en contra de la tripulación con el propósito de causarles lesiones graves o la muerte, tales como: arpones, cuchillos, artefactos explosivos improvisados, entre otros.
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“El uso de la fuerza en el mar es aquella que realiza el personal naval de la Armada de México en funciones de guardia costera en las zonas marinas mexicanas y aquellas permitidas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte".
"Siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables; su finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir al mantenimiento del Estado de derecho en el mar”, señala el dictamen.
Las adecuaciones al Código Penal Federal imponen la pena de uno a nueve años de prisión y la multa ascenderá de 300 a tres mil días, al que arroje al mar contaminantes desde un buque o embarcación, ya sean materiales peligrosos, residuos peligrosos o realice el hundimiento de embarcaciones que causen un riesgo de daño o afecten los recursos naturales: la flora, la fauna, la calidad del agua, los ecosistemas o el ambiente.
Cuando se trate de plásticos o cualquier otro material sólido, se impondrán prisión hasta de seis meses y multa de hasta de mil pesos.
El diputado Martínez sostuvo que el dictamen reúne los elementos necesarios para fortalecer el marco jurídico de actuación de la Secretaría de Marina en el combate a la delincuencia marítima.
IAZD