Con 457 votos a favor y 27 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial de reformas y adiciones al Código Penal Federal para endurecer las sanciones por tala ilegal y castigar hasta con 16 años de cárcel, así como cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (518 mil 700 pesos), ese delito.
El proyecto remitido al Senado prevé la imposición de seis a 12 años de prisión a quien transporte, comercie, enajene, distribuya, compre, adquiera, almacene, resguarde, posea o transforme productos forestales maderables en un volumen mayor a dos metros cúbicos, sin acreditar su legal procedencia.
No obstante, las penas aumentarían hasta cuatro años, para alcanzar 16 como máximo, en caso de que las materias primas forestales o productos forestales maderables provengan de un área natural protegida.
La reforma establece asimismo pena de seis meses a nueve años de prisión y multa de hasta 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (311 mil, 220 pesos) a quien desmonte o destruya la vegetación forestal, o cambie el uso de suelo en terrenos forestales sin autorización.
Dicha pena se incrementaría hasta cuatro años más, para sumar 13 años, cuando la tala ilegal afecte un área natural protegida.
“Cuando las conductas a que se refiere este artículo se realicen empleando armas de fuego o cualquier otro medio violento contra las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, se le impondrá pena de tres a doce años de prisión y multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la UMA”, señala.
El articulado prevé, sin embargo, que no se aplicará pena alguna a quien incurra en las conductas señaladas ni a quien transporte leña o madera muerta cuando realice la actividad para uso doméstico dentro de la comunidad rural, indígena o afromexicana a la que pertenezca.
En su exposición de motivos, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que el comercio ilegal de recursos naturales es tan grave como el crimen organizado trasnacional con ganancias de entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares en todo el mundo.
Por ello, en representación de Morena, la diputada Flor Ivonne Morales urgió a aprobar la reforma y terminar con la tala ilegal, cuyas repercusiones son daños al medio ambiente, degradación de hábitats, pérdida de biodiversidad e incremento de la explotación forestal realizada por la delincuencia organizada.
Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez remarcó que, según la propia Secretaría de Medio Ambiente, existen en México 122 zonas críticas en donde hay tala clandestina, lavado y venta ilegal de madera, cambios de uso de suelo, incendios provocados y presencia del crimen organizado.
Advirtió además que tan solo en 2029 se perdieron 73 mil hectáreas de cobertura forestal como consecuencia de Sembrando Vida, pues el apoyo 5 mil pesos mensuales a cada sembrador incentiva más la deforestación que el objetivo de reforestar.
“Por otro lado, se encuentra la construcción del Tren Maya, que en uno de sus cambios de ruta, en específico el tramo Cancún-Playa del Carmen y la cancelación de los trabajos que ya se tenían avanzados, dejó como saldo más de 20 mil árboles talados”, acusó.
JLMR