Entre polémica de algunos diputados por una supuesta mala implementación, las comisiones Unidas de Seguridad y Desarrollo Urbano del Congreso aprobaron crear la figura director responsable de obra para que responda por cualquier acción u omisión en la construcción de desarrollos inmobiliarios, tras el derrumbe de construcciones como Antigua y Espacio Cumbres en Monterrey.
Sin embargo, la polémica se desató cuando la diputada Mariela Saldívar indicó que no escucharon los planteamientos de los arquitectos y especialistas, lo que podría generar una inconformidad al recaer todo el peso de la responsabilidad hacia una sola persona.
- Te recomendamos Desechan legítima defensa en auto; se amplía a negocio Política
Los diputados integrantes de ambas comisiones avalaron reformar el Artículo 355 de la Ley de Asentamientos Humanos y el artículo 239 bis del Código Penal de Nuevo León, donde además incluye sanciones desde tres a ocho años de cárcel a esta figura que caiga en negligencia y omisión.
“De no ser así habría una responsabilidad incluso penal, que la tipificamos cuando haya una omisión en la actuación que tienen estos profesionistas que son los especialistas de este tema en lo que es la construcción, uso de materiales, y el tema de usos (de suelo), todo el proceso que conlleva una construcción que fuera mayor de 500 metros.
“Son los que tuvieran que tener la responsabilidad a través de ellos en el proceso de construcción con una pena de 3 hasta 8 años para el responsable de obra, si hubo una omisión de parte de su actuación y una inhabilitación para ejercer en el futuro”, indicó Nancy Olguín Díaz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Sin embargo, la diputada de MC, Mariela Saldívar, integrante de la Comisión, cuestionó esta decisión de que todo el peso de la Ley recaiga en esta figura de director responsable de obra, por lo que señaló que la reforma está mal implementada.
Indicó que según la opinión del arquitecto Gerardo Vargas Cortés, del Colegio de Asesores en Desarrollo Urbano, AC, agrupación en proceso de conformación, cuestionó que esta figura no tiene el control sobre la compra de materiales, ya que se le contrata por fases del proyecto.
“Es importante considerar los comentarios que nos hizo llegar Canadevi y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces que estaban muy interesados que fortaleciera la figura del verificador de trámite como un enlace del municipio y el desarrollador para expeditar los trámites.
“Estamos haciendo responsable a una persona cuando los que tomaron la decisión en cuanto ese desarrollo son otras; es una buena intención, creo que está mal implementada porque le ponen toda la responsabilidad y omitiendo la responsabilidad municipal y la de los desarrolladores y propietarios del predio, creo que va a haber pronunciamientos de las cámaras los próximos días”, dijo.
- Te recomendamos Pide diputada reconsiderar objeción de conciencia Política
En noviembre del 2017, cuatro viviendas se derrumbaron frente a la construcción de un edificio y un estacionamiento, el cual ya había sido clausurado, y donde una pareja de la tercera edad murió y una persona quedó herida, en el Fraccionamiento Antigua en Monterrey.
Un año después, en octubre del 2018, otro derrumbe, ahora en la colonia Espacio Cumbres, provocó la muerte de 8 personas y dejó un saldo de otras 15 lesionadas, además de 9 desaparecidas, en una obra que se informó, no contaba con permisos de construcción.
Una vez más, una falla estructural en una obra privada culminó en una tragedia en la que murieron trabajadores de la construcción de una plaza comercial, la cual había iniciado hace más de un año, y que ya había sufrido la caída de una barda, en noviembre de ese mismo año.